lunes, 8 de marzo de 2021

DE DERECHOS HUMANOS Y OTRAS COSAS


En los distintos cursos, que como personal policial tenemos, nos dicen en el rubro de los Derechos Humanos que éstos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2020) y es aquí donde hoy me quiero detener un poco con una breve disertación desglosando cada frase de este concepto.

En esta frase se pueden distinguir dos vertientes, una que los Derechos Humanos se hagan realidad, es decir que no sólo queden en la teoría, sino que pasen a la praxis y otra que esa realidad sea efectiva, esto es que sea efectivo el mecanismo que haga que los Derechos Humanos realmente se apliquen en beneficio de las personas. Llegados a este punto tal vez alguien se pregunte ¿qué tiene que ver esto con la labor policial? Yo diría que mucho, si no es que constituye una parte esencial de todo aquel elemento de seguridad, policía, vigilante, soldado, escolta, en fin todos aquellos que formamos parte del grupo de personas a los que la sociedad nos ha encargado la importante labor de proteger y servir.

De hecho uno de los principios constitucionales por los que se rige la actuación policial de acuerdo con el artículo 21 es el respeto a los derechos humanos, aunque el texto es claro en la teoría resulta difícil ponerlo en práctica haciendo evidente que aún queda mucho camino por recorrer en esta materia, la realidad que se vive actualmente, los asaltos a transporte público que son cada vez más violentos, la trata de personas, el feminicidio, la violencia intrafamiliar que se agudizó con la pandemia y el flagelo que representa el crimen organizado para el país nos hace replantearnos cada vez con un mayor sentido de urgencia que es absolutamente necesario capacitar y profesionalizar al personal de seguridad en todas sus vertientes, para que su labor sea realizada con estricto apego a los Derechos Humanos.

Pero entendiendo esto no como una serie de medidas que restringen o entorpecen la labor policial, sino como una estrategia de seguridad que contemple la protección a las víctimas, la atención, seguimiento, persecución e investigación de los delitos y el respeto al debido proceso de los imputados que nos llevará a un esquema eficiente de impartición de justicia.

La naturaleza de la época que nos tocó vivir así lo exige, no es tiempo de simulaciones, no es tiempo de hacer como que hacemos, la sociedad exige un cambio en la forma de trabajar de las instituciones de seguridad, exige que éstas sean más eficientes, más conscientes, más profesionales, pero sobre todo más efectivas.

En todo esto no hay que olvidar que los integrantes de las instituciones de seguridad, forman parte de la sociedad a la que protegen, que por eso mismo y por el sólo hecho de ser personas también tienen derechos que deben ser respetados porque los Derechos Humanos los tenemos todos por el sólo hecho de ser personas y es por ahí por donde debemos empezar esta labor.

Inicié este artículo con la definición de los Derechos Humanos, es aquí donde debemos poner atención en la última frase del concepto que dice que la realización efectiva de los Derechos Humanos resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona.
Desarrollo De Los Policías

Lo que debe perseguirse en cuanto a los cuerpos policiales es precisamente el desarrollo integral de los policías como individuos, por lo que las instituciones deben proveer los mecanismos necesarios, para que dentro de las mismas exista una verdadera carrera policial, donde el policía vislumbre no sólo un trabajo, sino un estilo de vida y un medio de desarrollo personal y familiar.

El artículo 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice, entre otras cosas, que uno de los fines de la carrera policial es “garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las instituciones policiales”.

No es mi intención criticar o cuestionar lo que la ley dice, pero sí considero necesario comentar que el texto del artículo 79 me parece poco humano, porque habla de garantizar el desarrollo de las instituciones dejando a un lado a las personas y resulta que las instituciones están integradas por personas, pues son las personas las que hacen a las instituciones y no al revés, en este sentido es prioritario primero garantizar el desarrollo humano del personal para que así se pueda garantizar el desarrollo de las instituciones.

No es posible que una institución crezca si sus integrantes no crecen, además del esquema de remuneraciones y prestaciones del que habla la ley deben considerarse otros factores que realmente lleven al desarrollo integral del individuo, ya que es de esta manera como se enlazaría el esquema institucional con el concepto de Derechos Humanos que se planteó al inicio. Factores como el colocar a la gente adecuada en el lugar adecuado, para el logro pleno de los fines y metas establecidos, Jack Welch, director general de General Electric, sabía que poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados es mucho más importante que desarrollar una estrategia, y es que de eso depende en gran parte el desarrollo integral del individuo que contribuye, asimismo, al desarrollo de las instituciones.

Hoy se habla de una cuarta transformación que pretende transformar a las instituciones y para hacerlo es necesario empezar a cambiar a las personas en el caso que nos ocupa, es urgente y necesario transformar la vida de los integrantes de las instituciones de seguridad creando estrategias, mecanismos y políticas públicas que contribuyan realmente al desarrollo integral de las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad, alejándolas de las malas prácticas que durante años han venido dañando al país como el “amiguismo”, el “compadrazgo”, los llamados equipos de trabajo que son más bien grupos de amigos; para que así se llegue a la meta de conseguir el desarrollo integral de las instituciones y que eso nos sirva de manera efectiva para proteger y servir a la sociedad que tanto lo necesita.

domingo, 7 de marzo de 2021

La Corte Suprema de Justicia señaló que los bancos deben responder por los fraudes

Sin embargo, el documento publicado resalta que hay algunos fraudes que son responsabilidad del usuario y no de las entidades

En una sentencia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que cada entidad bancaria debe responder por los fraudes que sufran sus clientes, ya que estas compañías tienen la obligación de velar por el dinero de sus usuarios.

Esto quiere decir que las entidades deberán responder cuando un tercero se haga pasar por el titular de la cuenta, debido a que el banco debe verificar la identidad del usuario, para aceptar la transacción que se solicita.

De acuerdo con información publicado por RCN Radio, el alto tribunal señaló que el banco no puede excusarse diciendo que obró diligentemente después del fraude: "(...) la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente".

Pese a reiterar la anterior decisión, la Corte Suprema de Justicia detalló que hay algunos fraudes que son responsabilidad del usuario y no del banco. Por ejemplo, cuando un cliente pierde la tarjeta débito y tiene anotada la clave en el plástico, la entidad bancaria no tendrá la obligación de responder, siempre y cuando el retiro se efectúe en un cajero automático.

"Para llegar a estas conclusiones, la Sala de Casación civil se basó en fallos anteriores que hablan sobre la responsabilidad de las entidades financieras respecto al dinero de sus clientes: "(...) las entidades bancarias, como profesionales del sector económico, tienen una carga especial de diligencia y prudencia tendientes a evitar daños suyos, a los ahorradores y a la comunidad"".


sábado, 6 de marzo de 2021

La Procuraduría inhabilitó por 18 años a exgerente Ramón Navarro, de la Triple A de Barranquilla


La entidad impuso multa por $722 millones, al establecer que permitió que Iarco Limitada se apropiara de $361 millones

La Procuraduría General de la Nación, en decisión de primera instancia, inhabilitó por el término de 18 años al exgerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A de Barranquilla ESP), Ramón Navarro Pereira, por aprobar, certificar como recibidas y disponer el pago de órdenes de servicios que no fueron prestados.

El órgano de control también impuso multa por $722 millones a Navarro Pereira, al establecer que permitió que Iarco Limitada se apropiara de $361.215.154 provenientes de Triple A, dinero que dejó de recibir el Distrito de Barranquilla por concepto de utilidades y regalías en la vigencia 2015.

La PGN demostró que las órdenes de pedido realizadas a la empresa para el transporte de carga y de residuos sólidos carecían de una necesidad real y advirtió que “no existe ninguna evidencia de que dichos servicios se hubieran prestado”.

Además, no obedecieron a requerimientos originados de las gerencias Administrativa, de Operaciones, Comercial, la Dirección de Procesos Administrativos, ni la Subgerencia de Aseo, que eran las directamente relacionadas con el objeto.

El 13 de octubre de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso una multa por $6.500 millones a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) por incluir costos administrativos en las tarifas cobradas a los usuarios en Barranquilla y municipios del Atlántico.

Triple A suministra el servicio de Acueducto en el distrito de Barranquilla y en 14 municipios: Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo y Palmar de Varela, con cobertura del 100%.

El servicio de alcantarillado se suministra en Barranquilla y en 11 municipios: Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Usiacurí, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo y Palmar de Varela, con cobertura de 98,32%.

viernes, 5 de marzo de 2021

La abogada Carolina Lozano entra a trabajar con el equipo del bufete CMS Rodríguez-Azuero


La nueva counsel de la firma se concentrará en el área de Derecho Inmobiliario y Construcción. Es egresada de la Universidad Javeriana

La pandemia del covid-19 no ha sido excusa para detener los movimientos en los bufetes, por el contrario, son el escenario perfecto para analizar qué nuevas necesidades legales les surgen a los clientes por cuenta del escenario que vivimos hoy en día y muestra de ello es el más reciente nombramiento que se conoce en el sector.

Se trata de la ampliación del equipo de trabajo de CMS Rodríguez-Azuero, con la incorporación de Carolina Lozano como counsel para la firma en el área de Derecho Inmobiliario y Construcción.


Juan Camilo Rodríguez, socio director de CMS Rodríguez-Azuero, explicó que el área inmobiliaria ha venido creciendo de manera sostenida durante los últimos dos años. Esa es la razón por la que detalló que con la llegada de Lozano al equipo se prevé duplicar las ventas del área durante en 2021.

“Carolina Lozano combina excepcionalmente bien la práctica y conocimiento del mundo inmobiliario con un gran criterio jurídico, lo cual le permitirá ofrecer gran valor agregado a nuestros clientes”, explicó Rodríguez.

Una de las cualidades que destacan de Lozano es su experiencia de más de 33 años en el sector inmobiliario trabajando en fiducia, derecho comercial, financiero y administrativo. También destacaron que tiene una amplia experiencia en manejo de órganos societarios internos, como juntas directivas, asambleas generales de accionistas, entre otros.

Lozano es abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido conferencista en la Especialización de Gerencia de Proyectos de la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ingeniería Civil. Participó en la elaboración de la Ley de Fiducia de República Dominicana, Ley 189 del 2011.

En su hoja de vida también destacan importantes cargos: fue Vicepresidente de Negocios en Fiduciaria Bogotá S.A., donde se encargó de la estructuración de negocios fiduciarios e inmobiliarios de las principales constructoras de Colombia.

“Por regla general, los abogados empezamos la carrera trabajando en una firma de abogados y luego saltamos bien a la independencia o al sector real o financiero. Yo lo hice al revés y no me arrepiento. Conocí el mundo real de los negocios y eso me ayudará a este nuevo reto que empiezo hoy, trabajando para una de las firmas top a nivel internacional y a nivel local, como Counsel de CMS Rodríguez-Azuero en el área de Derecho Inmobiliario & Construcción”, indicó Lozano.

Actualmente, esta abogada es asesora en el tema de asuntos fiduciarios e inmobiliarios para el Banco de Occidente y otras importantes empresas en el sector de la construcción en el territorio nacional.

Contexto
La firma CMS Rodríguez-Azuero, fundada hace más de 40 años en Colombia, está conformada por 10 socios y 16 áreas de práctica. Los abogados de este bufete trabajan en todos los sectores en más de 40 países en todo el mundo. Cuentan con un equipo de 4.800 abogados expertos en diversas áreas de práctica como, por ejemplo, Derecho Bancario y Financiero, Derecho Comercial, Derecho de la Competencia, Derecho Corporativo / Fusiones & Adquisiciones, Derecho Laboral, entre otros.

jueves, 4 de marzo de 2021

Sancionan a Claro y a ETB por desatender quejas de los usuarios

Según la SIC, en varias ocasiones se configuró el 'Silencio Administrativo Positivo'. Estas son las multas.


Contra las anteriores decisiones proceden los recursos de reposición y apelación.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Comcel (hoy Claro) con una multa de $172.619.940, equivalentes a 190 SMLMV, y a la ETB, con una multa de $109.023.120, equivalentes a 120 SMLMV, por desconocer el derecho de los usuarios a recibir una respuesta integral y oportuna a sus Peticiones, Quejas y/o Reclamos (PQR).

La investigación inició a partir de las quejas presentadas por usuarios, en donde se logró comprobar que los proveedores no respondieron las PQR presentadas en los términos establecidos por la ley, por lo que las compañías sancionadas deberán atender de manera favorable las pretensiones de los usuarios al haberse configurado el ‘Silencio Administrativo Positivo’.

El Silencio Administrativo Positivo es una consecuencia prevista en favor de los usuarios para aquellos eventos en los que el operador:

1. No contesta la PQR en un periodo de 15 días hábiles.
2. Responde a la PQR superando el tiempo legalmente establecido.
3. El operador responde, pero no pone la decisión adoptada en conocimiento del usuario.
4. La respuesta del operador es incompleta. Cuando esto se configura, el operador debe atender en forma favorable las pretensiones formuladas por el usuario en la PQR y se puede ver sujeto a sanciones por parte de esta Autoridad, como en el presente asunto.

LA RESPUESTA DE CLARO

Tras el anuncio de la SIC, Claro Colombia manifestó que no conoce, más allá de comunicado de prensa hecho público esta mañana, los argumentos que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a imponer la sanción, pues no ha sido notificada formalmente de la Resolución emitida por la SIC.

Así mismo, la compañía manifestó que en cuanto conozca la Resolución que impone la sanción, analizará los motivos esgrimidos por la SIC e interpondrá los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía.

Según Claro, durante 2020 la compañía realizó importantes mejoras para atender las PQR como la Implementación de herramienta de suministro de información no presencial vía WhatsApp, el fortalecimiento App “Mi Claro”, del Chat Bot, mejoras en el Call Center “Hogar”, incremento de capacidad de Atención telefónica y simplificación de mensaje de IVR, entre otros.

NO HA SIDO NOTIFICADA

Así mismo, ETB manifestó este jueves que no ha sido notificada de manera oficial de la decisión tomada por la Superintendencia, por lo que desconoce los detalles y las fechas de las circunstancias dadas a conocer a través de un comunicado de prensa difundido por esa entidad.

Según la empresa, en cuanto la compañía conozca la información, entrará a realizar las investigaciones pertinentes y ejercerá los recursos correspondientes a que haya lugar.

miércoles, 3 de marzo de 2021

Proteger la innovación? Sí, con la propiedad intelectual

Un camino que emprendedores y empresarios deberán recorrer para identificar los activos valiosos de sus negocios.

La generación de conocimiento se convirtió durante los últimos años, en un recurso determinante para la competitividad de las empresas en el país. Esta ha sido catalogada como una de las herramientas más importantes para acceder a un mercado competitivo que, sin duda alguna, se basa en la capacidad de innovación que tienen los diferentes negocios y sus respectivos equipos de trabajo.

Pero la autoría, creación del intelecto y todo tipo de procesos de innovación, deben entenderse como activos valiosos para los emprendedores y empresarios –no siempre identificados-, que en la mayoría de los casos representarán nuevas oportunidades de monetización, al ser revisados desde la óptica de la propiedad intelectual (PI).


La propiedad intelectual, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se relaciona con las creaciones de la mente como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio y protegidos por la legislación de cada nación, mediante las patentes, las marcas y el derecho de autor, lo que significa que a través de la protección de los mismos, se podrán obtener ganancias y reconocimientos que le seguirán dando paso a la permanente generación de ideas.

En Colombia, la propiedad intelectual está dividida en derechos de autor y propiedad industrial. En cuanto a los derechos de autor, se refiere a las obras artísticas, literarias y científicas. En lo que respecta a la propiedad industrial, se subdivide en nuevas creaciones con patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, trazados de circuitos integrados y variedades vegetales y, en signos distintivos con marcas, lemas, nombres y todo aquello que le permite al empresario o persona natural con empresa identificarse en el comercio.

Lo interesante es que actualmente muchas de las organizaciones colombianas, aún no tienen conciencia sobre lo que significa identificar esos activos valiosos que se mencionan anteriormente y la importante fuente de ingresos que se encuentra detrás de ellos, por lo que existen organizaciones que han sido constituidas para convertir las necesidades de sus clientes en oportunidades con soluciones eficaces y disruptivas, de la mano de un asesoramiento estratégico y personalizado que identificará y cubrirá sus ciclos de innovación.


Ejemplo de ello es ClarkeModet, líder en servicios de propiedad intelectual e industrial en diferentes países a nivel mundial, que trabaja por fomentar la actividad innovadora y creativa de la sociedad proporcionándole a sus clientes, un asesoramiento integral en la gestión estratégica de sus activos de propiedad intelectual e industrial, durante todo el proceso de innovación, creación y vida de sus derechos.

“Durante los últimos años, hemos venido trabajando en intentar que las empresas vean la propiedad intelectual en su totalidad y no únicamente en la fase de protección, por lo que nuestra misión es acompañarlos en todo el ciclo de gestión, procesos de identificación y vigilancia tecnológica”, afirma Alejandra Salazar Ángel, directora de consultoría de ClarkeModet.

Y es que si hay algo en lo que también aporta la propiedad intelectual, es en entregar herramientas que ayuden a la toma de decisiones internas y, precisamente desde que empezó la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, las organizaciones se vieron obligadas en pensar cómo debían ajustarse a esa nueva realidad a la que se estaban enfrentando. Dentro de esa reinvención, se ha presentado un alto volumen de “generación de ideas y conocimiento no solo para posicionarse, sino para sobresalir y mantener su competitividad. Es en esos procesos donde se deben proteger las ideas cuando han sido transformadas en algo tangible. Por ejemplo, si usted desde su empresa tiene una idea para mejorar un proceso que, además de ayudarlo a producir a un mejor precio y calidad, lo hace realidad y le puede servir a otras compañías o sectores puede licenciar su derecho y marca y obtener de esto una nueva fuente de ingreso. Por lo anterior, es que vemos la propiedad intelectual como un círculo en donde lo primero que pasa, es identificar que se tiene algo protegible y, a partir de ahí, se busca explotarlo y defenderlo”, continúa Salazar Ángel.

De la idea al mercado
El ciclo de gestión de propiedad intelectual adecuado debe ir acompañado de una madurez en el entendimiento del concepto.

“Para empezar, hay que entender cómo está la organización en materia de propiedad intelectual. Preguntarnos, ¿qué activos intangibles tiene protegidos y cuáles no? ¿Quiénes son los responsables de la gestión de la propiedad intelectual? ¿Qué procesos tenemos establecidos para identificar el potencial de nuevos desarrollos que se den dentro de la empresa? Para responder a estas preguntas, se hace un diagnóstico o auditoría de PI que nos dirá hacia dónde tenemos que ir. Luego, en función de la estrategia de la empresa -protección, monetización, entre otros-, se tomarán las acciones necesarias. En nuestro caso, también explicamos en detalle qué puede y qué no puede el cliente compartir de sus nuevas ideas en concursos, qué ocurre con las cláusulas de propiedad intelectual, qué sucede cuando se usan recursos públicos y, cómo acudir a planes de apoyo a la innovación que tienen como interés proteger activos intangibles”, agrega Salazar Ángel.
Por último, Salazar Ángel le recomienda a las pequeñas, medianas y grandes empresas proteger sus creaciones desde un principio y así evitar futuras complicaciones y riesgos. “A veces las personas no protegen sus proyectos por costos y, cuando salen al mercado, otros pueden hacer usos no autorizados porque no existe tal protección. Por eso, nosotros como equipo interdisciplinario en temas de propiedad intelectual buscamos convertirnos en aliados de las compañías para ayudarlos a posicionarse, identificar sus necesidades, rentabilizar y generar ventajas competitivas”, puntualiza Salazar Ángel.


martes, 2 de marzo de 2021

Así se ajustaron los Centros de Arbitraje y Conciliación frente a la pandemia del covid-19

Entre las novedades que están ofreciendo estas entidades de las Cámaras de Comercio están servicios exprés y mediación empresarial

¿Cómo pago el arrendamiento? ¿Cómo cubro las deudas? ¿Cómo cumplo con mis obligaciones financieras? Estas preguntas no solo se las están haciendo los ciudadanos de a pie, son interrogantes que también surgen en el día a día de los empresarios: desde el dueño de una reconocida cadena hasta el propietario de una miscelánea en un barrio residencial.

Uno de los lugares donde es posible encontrar una solución a este tipo de problemas que ha desencadenado la pandemia del covid-19 son los centros de arbitraje y conciliación de las Cámaras de Comercio, donde no solo hay servicios para garantizar la continuidad empresarial, sino que se ajustaron los tiempos y las formas de atención para hacer más expedita la salida de la crisis.

La urgencia de pactar, de hacer un acuerdo y de prorrogar pagos se reflejan en las cifras registradas el año pasado en los centros de las principales ciudades: los casos de conciliación en Bogotá aumentaron 20%; en Cali, subieron 49%; y en Medellín, el aumento fue de 153%.

Mauricio González Cuervo, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó que con la Superintendencia de Sociedades se acordó que las Cámaras de Comercio ofrecerían los servicios para que los empresarios tuvieran un espacio con su acreedor o proveedor “para que no se cancelara el servicio, no eliminaran empleos, acordaran pagos o se evitara llegar a los jueces concursales o de circuito”.

En el caso de Medellín, Jorge Villegas Betancur, director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición destacó la oportunidad que ofrecen estos organismos en temas como el arrendamiento. “Hemos sido fundamentales para la resolución de conflictos en temas como reducción de cánones de arrendamiento y restablecimiento de las relaciones comerciales, entrega oportuna y anticipada del inmueble, reparaciones al inmueble o pago de los cánones vencidos”, dijo.

Estos nuevos servicios no solo se concentran en el contexto de la pandemia. En Bogotá, por ejemplo, hay una novedad y es que el Centro ampliará el arbitraje a los sectores familiar y penal. En esta última área, el primer árbitro penal nombrado es uno de los socios de Cáez Muñoz Mejía Abogados, Alejandro Mejía.




ALEJANDRO MEJÍASOCIO DE CÁEZ MUÑOZ MEJÍA ABOGADOS

“Ser el primer árbitro en la especialidad penal es un honor. Al nombrar un perfil penal en la lista de árbitros se refrenda el liderazgo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB”.

La adaptación de los centros no solo se concentró en la creación de nuevos o mejores servicios, sino también en la implementación de la virtualidad. “La pandemia nos obligó a transformarnos inmediatamente a la virtualidad. Por ello, de forma inmediata implementamos todos los protocolos de atención virtual en conciliación, arbitraje, amigable composición, insolvencia de la persona natural no comerciante y formación jurídica”, dijo Juliana María Giraldo, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación en Cali.

“Abrimos el arbitraje a lo penal y a la familia”

Mauricio González Cuervo

“No paramos ni un día”. Con esta frase, el director del Centro de Arbitraje y Conciliación en Bogotá, Mauricio González Cuervo, enfatizó la disposición que hubo, y sigue habiendo, en este tipo de organismos para ayudar a que el sector privado pueda superar la crisis financiera y empresarial que dejó la pandemia del covid-19.

¿Cómo reaccionó el Centro frente al covid-19?

Lo primero que hay que decir es que gracias al decreto legislativo del Gobierno, que habilitó las audiencias virtuales, nunca detuvimos las operaciones. Con ese aval de lo digital, además de todos los servicios, trabajamos en varios frentes nuevos e interesantes: servicio de conciliación en arrendamiento gratuito, mediación empresarial y arbitraje social.

¿Cuántas audiencias hicieron en esos servicios?

Fue muy exitoso ese servicio, Tuvimos más de 700 casos en abril, mayo, junio y julio, y la efectividad fue de 83%. Contribuimos a la resolución de controversias en materia de arrendamiento y a evitar que se profundizaran los conflictos. Y en mediación empresarial, donde evitamos que el tema llegara a los jueces, llevamos 20 casos. Esperamos que esto se active este año, porque la primera instancia es el arreglo directo.

¿En qué consiste el arbitraje social?

Se puede pactar con sus contrapartes un arbitraje gratuito con las mismas facilidades que ofrecemos con los arbitrajes que se cobran y con los mismos árbitros que tenemos para el servicio pago. Esta figura es ideal para las pymes y para controversias de 40 o menos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo que se requiere es la preexistencia de un pacto arbitral o de una cláusula en un contrato.

¿Cuántas audiencias virtuales hicieron en 2020 y cuántas van en 2021?

El año pasado tuvimos en conciliación 6.600 casos y desarrollamos alrededor de 4.000 audiencias virtuales. En arbitraje, son entre 400 y 500 casos al año, y las audiencias fueron 100% virtuales a partir del 16 de marzo de 2020.

¿Qué proyectos tienen para 2021?

Estamos abriendo el universo del arbitraje y lo conciliable a otras esferas, como el derecho de familia, el contenido patrimonial y los asuntos penales. Vamos a ser muy activos en el derecho de las relaciones de la familia, en las relaciones laborales y en lo penal, en aspectos patrimoniales en las reparaciones. Existen unos mecanismos no judiciales para resolver esas controversias y queremos innovar en estos nuevos servicios.

“Iniciamos el servicio de recuperación empresarial”
Juliana María Giraldo

Juliana María Giraldo, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación en Cali, destacó que uno de los nuevos servicios habilitados fue el de tenderle la mano a los dueños de la pequeña y mediana empresa para surgir del caos financiero.

¿Habilitaron un nuevo servicio por la pandemia?

La pandemia nos obligó a transformarnos inmediatamente a la virtualidad, en aras de mantener la continuidad en la prestación de los servicios del Centro y brindarles a nuestros usuarios un oportuno acceso a la justicia.

Empezamos a prestar el servicio de recuperación empresarial que surge con ocasión a la pandemia, con el Decreto 560/2020, a través del cual se contemplan mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. Uno de los mecanismos es el procedimiento de recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio.

¿En qué consiste este procedimiento?

Este procedimiento lo que busca es crear un entorno en el cual el empresario cuente con garantías para mantener su empresa como unidad de explotación económica generadora de empleo, a través de soluciones materializables a corto plazo, efectivas y ágiles. Este es un nuevo servicio del Centro donde a través de la mediación logramos que los empresarios lleguen a acuerdos con sus acreedores.

¿Cuántos casos ya han registrado en este servicio?

Actualmente, hemos atendido cinco trámites y más de 50 consultas principalmente de la micro y pequeña empresa.

¿Y en arbitraje hubo algún cambio?

Se abrió un nuevo servicio de arbitraje exprés. Está dirigido a todos los empresarios (en especial a los medianos y pequeños) para que accedan al servicio de arbitraje con tarifas menores, un procedimiento mucho más ágil y totalmente virtual, y dirigido a conflictos que no excedan los 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 2021 resolveremos conflictos empresariales de manera ágil, y con validez jurídica a 2.200 usuarios y a 500 empresas.

¿Cuántos casos de arbitraje y conciliación reciben al año?

En conciliación, en promedio de los últimos tres años, hemos recibido 907 solicitudes anuales. En arbitraje, contamos con un promedio de radicación de 40 casos anuales. Para 2020, se radicó un total de 29 procesos.

“Más de 2.000 audiencias fueron por arrendamientos”
Jorge Villegas Betancur


El director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición en Medellín es Jorge Villegas Betancur, quien destacó que los procesos de conciliación el año pasado aumentaron 2,5 veces frente a 2019.

¿Qué cambió con la pandemia del covid-19?

Se expidió el reglamento del arbitraje exprés, un servicio que tiene menores tiempos y costos. En cuanto al Centro de Conciliación, si bien se ofrece el servicio de conciliación de arrendamiento desde 2013, con ocasión de la pandemia y las dificultades económicas que ha causado, se han presentado incumplimientos contractuales, por lo que la experiencia, tanto del Centro de Conciliación como de sus conciliadores, ha sido fundamental para brindar a las partes opciones que han permitido la solución de sus diferencias y la resolución de los conflictos que han tenido en esta materia, tales como reducción en los cánones de arrendamiento y restablecimiento de las relaciones comerciales, entrega oportuna y anticipada del inmueble, reparaciones al inmueble, o pago de los cánones vencidos.

¿Cuántas audiencias han realizado en este servicio?

En 2020 se realizaron 2.616 audiencias de conciliación, de las cuales 2.047 correspondieron a asuntos de arrendamiento. En 2021 se han realizado 444 audiencias en materia de arrendamiento, lo cual representa 87% del total de audiencias en el año en curso, que suman 512.

¿Cuántas audiencias hicieron en materia de arbitraje?

En arbitraje se hicieron 456 audiencias virtuales en 2020 y en 2021 ya llevamos 72.

¿El número de casos ha venido creciendo?

En 2020 la cantidad de demandas arbitrales disminuyó en relación con 2019; sin embargo, durante estos dos meses de 2021 ha incrementado frente al año anterior. En materia de conciliación, el número de casos atendidos ha sido constante entre 2018 y 2019; sin embargo, 2020 presenta un alza de 2,5 más casos sobre el total recibido en 2019.

¿Qué porcentaje de casos terminan favorablemente?

El Centro presenta un índice de acuerdos en materia de conciliación de 85%.

¿Cómo va el proceso de la demanda del Consorcio CCC Ituango por Hidroituango?

·Tal como lo dio a conocer el Consorcio y lo han mencionado varios medios, se tramita ante nuestro Centro una demanda de arbitraje internacional. La rigurosa confidencialidad es un componente clave que garantiza confiablidad para las partes en este y en cualquier otro proceso.

lunes, 1 de marzo de 2021

Colombia avanzó solo dos puntos en su puntaje dentro del Índice de Corrupción

Según el ranking internacional de Transparency International, el país ocupa la posición 92 en el listado de 180 naciones

En la más reciente encuesta de Invamer aumentó el número de encuestados que aseguró que la corrupción en Colombia está empeorando, pasando de 85% en octubre de 2020 a 95% en enero de este año. Hoy, esta realidad la confirma un estudio internacional de Transparency International, organismo que anualmente publica el Índice de Percepción de Corrupción, donde cero significa una corrupción muy elevada y 100 una ausencia de corrupción.

Los resultados indican que Colombia avanzó muy poco en este ranking internacional, pues apenas subió dos puestos pasando del puntaje 37 en 2019 a 39 en 2020. Si el análisis se hace en general, Colombia ocupa la posición 92 entre 180 países estudiados.

Aunque el país aumentó el índice, esto no es considerado como un avance porque ha permanecido por debajo de una calificación de 40 puntos desde el 2012. “Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país”, reveló el estudio global.



Si ponemos la lupa sobre los resultados en América Latina, por encima de Colombia está Uruguay (71 sobre 100), Chile (67), Costa Rica (57), Cuba (47) y Argentina (42).

Ecuador, con también 39 puntos, está al mismo nivel de Colombia; mientras que por debajo del país quedaron: Brasil (38), Perú (38), Panamá (35) Bolivia (31), México (31), Paraguay (28) y Venezuela (15).

El informe internacional reveló que entre los países que hacen parte de la Ocde, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México.

“Estamos cerca de cumplir una década en ese estancamiento. Avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde retos históricos que facilitan la corrupción, pero también de la capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas difíciles como la pandemia”, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

La percepción sobre el tema es tal, que en otras de las preguntas hechas en la encuestad e Invamer, sobre cuál es el principal problema del país en estos momentos, reveló en el primer lugar a la corrupción con 28% de las respuestas de los encuestados, seguido de desempleo (22%) y coronavirus (13%).

Corrupción y covid-19

Según se explica en el informe, los países con los puntajes más altos (es decir menos corrupción) invirtieron más en sus sistemas de salud y están en mejores condiciones de proporcionar cobertura de salud universal, por lo que consideran que baja la probabilidad de que se violen la democracia o las leyes.

En el caso de Colombia, que no supera un puntaje de 40, el informe precisa: "En Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo, tal como lo han señalado informes previos de Transparencia por Colombia".

Esto obliga a enviar un alerta, sobre todo en temas de vacunas, en el sistema de salud y en el proceso de atención de la inmunización.

"La fase actual de adquisición de vacunas y puesta en marcha de un plan de vacunación no es la excepción y debe estar marcada por la integridad, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la equidad”, explicó el director de Transparencia por Colombia.

Pero el informe no solo se queda en la advertencia. El organismo enumera una serie de acciones para garantizar la disminución de la corrupción:
Fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia.
Asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos.
Defender la democracia y facilitar el control ciudadano.

Garantizar el acceso a información pública.

Abordar de manera más decidida reformas de fondo como país, incluyendo una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas

Tener mayor eficacia y transparencia en el poder judicial.

Fortalecer los canales internos de denuncia y protección a denunciantes.

Garantizar la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.