miércoles, 3 de marzo de 2021

Proteger la innovación? Sí, con la propiedad intelectual

Un camino que emprendedores y empresarios deberán recorrer para identificar los activos valiosos de sus negocios.

La generación de conocimiento se convirtió durante los últimos años, en un recurso determinante para la competitividad de las empresas en el país. Esta ha sido catalogada como una de las herramientas más importantes para acceder a un mercado competitivo que, sin duda alguna, se basa en la capacidad de innovación que tienen los diferentes negocios y sus respectivos equipos de trabajo.

Pero la autoría, creación del intelecto y todo tipo de procesos de innovación, deben entenderse como activos valiosos para los emprendedores y empresarios –no siempre identificados-, que en la mayoría de los casos representarán nuevas oportunidades de monetización, al ser revisados desde la óptica de la propiedad intelectual (PI).


La propiedad intelectual, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se relaciona con las creaciones de la mente como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio y protegidos por la legislación de cada nación, mediante las patentes, las marcas y el derecho de autor, lo que significa que a través de la protección de los mismos, se podrán obtener ganancias y reconocimientos que le seguirán dando paso a la permanente generación de ideas.

En Colombia, la propiedad intelectual está dividida en derechos de autor y propiedad industrial. En cuanto a los derechos de autor, se refiere a las obras artísticas, literarias y científicas. En lo que respecta a la propiedad industrial, se subdivide en nuevas creaciones con patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, trazados de circuitos integrados y variedades vegetales y, en signos distintivos con marcas, lemas, nombres y todo aquello que le permite al empresario o persona natural con empresa identificarse en el comercio.

Lo interesante es que actualmente muchas de las organizaciones colombianas, aún no tienen conciencia sobre lo que significa identificar esos activos valiosos que se mencionan anteriormente y la importante fuente de ingresos que se encuentra detrás de ellos, por lo que existen organizaciones que han sido constituidas para convertir las necesidades de sus clientes en oportunidades con soluciones eficaces y disruptivas, de la mano de un asesoramiento estratégico y personalizado que identificará y cubrirá sus ciclos de innovación.


Ejemplo de ello es ClarkeModet, líder en servicios de propiedad intelectual e industrial en diferentes países a nivel mundial, que trabaja por fomentar la actividad innovadora y creativa de la sociedad proporcionándole a sus clientes, un asesoramiento integral en la gestión estratégica de sus activos de propiedad intelectual e industrial, durante todo el proceso de innovación, creación y vida de sus derechos.

“Durante los últimos años, hemos venido trabajando en intentar que las empresas vean la propiedad intelectual en su totalidad y no únicamente en la fase de protección, por lo que nuestra misión es acompañarlos en todo el ciclo de gestión, procesos de identificación y vigilancia tecnológica”, afirma Alejandra Salazar Ángel, directora de consultoría de ClarkeModet.

Y es que si hay algo en lo que también aporta la propiedad intelectual, es en entregar herramientas que ayuden a la toma de decisiones internas y, precisamente desde que empezó la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, las organizaciones se vieron obligadas en pensar cómo debían ajustarse a esa nueva realidad a la que se estaban enfrentando. Dentro de esa reinvención, se ha presentado un alto volumen de “generación de ideas y conocimiento no solo para posicionarse, sino para sobresalir y mantener su competitividad. Es en esos procesos donde se deben proteger las ideas cuando han sido transformadas en algo tangible. Por ejemplo, si usted desde su empresa tiene una idea para mejorar un proceso que, además de ayudarlo a producir a un mejor precio y calidad, lo hace realidad y le puede servir a otras compañías o sectores puede licenciar su derecho y marca y obtener de esto una nueva fuente de ingreso. Por lo anterior, es que vemos la propiedad intelectual como un círculo en donde lo primero que pasa, es identificar que se tiene algo protegible y, a partir de ahí, se busca explotarlo y defenderlo”, continúa Salazar Ángel.

De la idea al mercado
El ciclo de gestión de propiedad intelectual adecuado debe ir acompañado de una madurez en el entendimiento del concepto.

“Para empezar, hay que entender cómo está la organización en materia de propiedad intelectual. Preguntarnos, ¿qué activos intangibles tiene protegidos y cuáles no? ¿Quiénes son los responsables de la gestión de la propiedad intelectual? ¿Qué procesos tenemos establecidos para identificar el potencial de nuevos desarrollos que se den dentro de la empresa? Para responder a estas preguntas, se hace un diagnóstico o auditoría de PI que nos dirá hacia dónde tenemos que ir. Luego, en función de la estrategia de la empresa -protección, monetización, entre otros-, se tomarán las acciones necesarias. En nuestro caso, también explicamos en detalle qué puede y qué no puede el cliente compartir de sus nuevas ideas en concursos, qué ocurre con las cláusulas de propiedad intelectual, qué sucede cuando se usan recursos públicos y, cómo acudir a planes de apoyo a la innovación que tienen como interés proteger activos intangibles”, agrega Salazar Ángel.
Por último, Salazar Ángel le recomienda a las pequeñas, medianas y grandes empresas proteger sus creaciones desde un principio y así evitar futuras complicaciones y riesgos. “A veces las personas no protegen sus proyectos por costos y, cuando salen al mercado, otros pueden hacer usos no autorizados porque no existe tal protección. Por eso, nosotros como equipo interdisciplinario en temas de propiedad intelectual buscamos convertirnos en aliados de las compañías para ayudarlos a posicionarse, identificar sus necesidades, rentabilizar y generar ventajas competitivas”, puntualiza Salazar Ángel.


martes, 2 de marzo de 2021

Así se ajustaron los Centros de Arbitraje y Conciliación frente a la pandemia del covid-19

Entre las novedades que están ofreciendo estas entidades de las Cámaras de Comercio están servicios exprés y mediación empresarial

¿Cómo pago el arrendamiento? ¿Cómo cubro las deudas? ¿Cómo cumplo con mis obligaciones financieras? Estas preguntas no solo se las están haciendo los ciudadanos de a pie, son interrogantes que también surgen en el día a día de los empresarios: desde el dueño de una reconocida cadena hasta el propietario de una miscelánea en un barrio residencial.

Uno de los lugares donde es posible encontrar una solución a este tipo de problemas que ha desencadenado la pandemia del covid-19 son los centros de arbitraje y conciliación de las Cámaras de Comercio, donde no solo hay servicios para garantizar la continuidad empresarial, sino que se ajustaron los tiempos y las formas de atención para hacer más expedita la salida de la crisis.

La urgencia de pactar, de hacer un acuerdo y de prorrogar pagos se reflejan en las cifras registradas el año pasado en los centros de las principales ciudades: los casos de conciliación en Bogotá aumentaron 20%; en Cali, subieron 49%; y en Medellín, el aumento fue de 153%.

Mauricio González Cuervo, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó que con la Superintendencia de Sociedades se acordó que las Cámaras de Comercio ofrecerían los servicios para que los empresarios tuvieran un espacio con su acreedor o proveedor “para que no se cancelara el servicio, no eliminaran empleos, acordaran pagos o se evitara llegar a los jueces concursales o de circuito”.

En el caso de Medellín, Jorge Villegas Betancur, director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición destacó la oportunidad que ofrecen estos organismos en temas como el arrendamiento. “Hemos sido fundamentales para la resolución de conflictos en temas como reducción de cánones de arrendamiento y restablecimiento de las relaciones comerciales, entrega oportuna y anticipada del inmueble, reparaciones al inmueble o pago de los cánones vencidos”, dijo.

Estos nuevos servicios no solo se concentran en el contexto de la pandemia. En Bogotá, por ejemplo, hay una novedad y es que el Centro ampliará el arbitraje a los sectores familiar y penal. En esta última área, el primer árbitro penal nombrado es uno de los socios de Cáez Muñoz Mejía Abogados, Alejandro Mejía.




ALEJANDRO MEJÍASOCIO DE CÁEZ MUÑOZ MEJÍA ABOGADOS

“Ser el primer árbitro en la especialidad penal es un honor. Al nombrar un perfil penal en la lista de árbitros se refrenda el liderazgo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB”.

La adaptación de los centros no solo se concentró en la creación de nuevos o mejores servicios, sino también en la implementación de la virtualidad. “La pandemia nos obligó a transformarnos inmediatamente a la virtualidad. Por ello, de forma inmediata implementamos todos los protocolos de atención virtual en conciliación, arbitraje, amigable composición, insolvencia de la persona natural no comerciante y formación jurídica”, dijo Juliana María Giraldo, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación en Cali.

“Abrimos el arbitraje a lo penal y a la familia”

Mauricio González Cuervo

“No paramos ni un día”. Con esta frase, el director del Centro de Arbitraje y Conciliación en Bogotá, Mauricio González Cuervo, enfatizó la disposición que hubo, y sigue habiendo, en este tipo de organismos para ayudar a que el sector privado pueda superar la crisis financiera y empresarial que dejó la pandemia del covid-19.

¿Cómo reaccionó el Centro frente al covid-19?

Lo primero que hay que decir es que gracias al decreto legislativo del Gobierno, que habilitó las audiencias virtuales, nunca detuvimos las operaciones. Con ese aval de lo digital, además de todos los servicios, trabajamos en varios frentes nuevos e interesantes: servicio de conciliación en arrendamiento gratuito, mediación empresarial y arbitraje social.

¿Cuántas audiencias hicieron en esos servicios?

Fue muy exitoso ese servicio, Tuvimos más de 700 casos en abril, mayo, junio y julio, y la efectividad fue de 83%. Contribuimos a la resolución de controversias en materia de arrendamiento y a evitar que se profundizaran los conflictos. Y en mediación empresarial, donde evitamos que el tema llegara a los jueces, llevamos 20 casos. Esperamos que esto se active este año, porque la primera instancia es el arreglo directo.

¿En qué consiste el arbitraje social?

Se puede pactar con sus contrapartes un arbitraje gratuito con las mismas facilidades que ofrecemos con los arbitrajes que se cobran y con los mismos árbitros que tenemos para el servicio pago. Esta figura es ideal para las pymes y para controversias de 40 o menos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo que se requiere es la preexistencia de un pacto arbitral o de una cláusula en un contrato.

¿Cuántas audiencias virtuales hicieron en 2020 y cuántas van en 2021?

El año pasado tuvimos en conciliación 6.600 casos y desarrollamos alrededor de 4.000 audiencias virtuales. En arbitraje, son entre 400 y 500 casos al año, y las audiencias fueron 100% virtuales a partir del 16 de marzo de 2020.

¿Qué proyectos tienen para 2021?

Estamos abriendo el universo del arbitraje y lo conciliable a otras esferas, como el derecho de familia, el contenido patrimonial y los asuntos penales. Vamos a ser muy activos en el derecho de las relaciones de la familia, en las relaciones laborales y en lo penal, en aspectos patrimoniales en las reparaciones. Existen unos mecanismos no judiciales para resolver esas controversias y queremos innovar en estos nuevos servicios.

“Iniciamos el servicio de recuperación empresarial”
Juliana María Giraldo

Juliana María Giraldo, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación en Cali, destacó que uno de los nuevos servicios habilitados fue el de tenderle la mano a los dueños de la pequeña y mediana empresa para surgir del caos financiero.

¿Habilitaron un nuevo servicio por la pandemia?

La pandemia nos obligó a transformarnos inmediatamente a la virtualidad, en aras de mantener la continuidad en la prestación de los servicios del Centro y brindarles a nuestros usuarios un oportuno acceso a la justicia.

Empezamos a prestar el servicio de recuperación empresarial que surge con ocasión a la pandemia, con el Decreto 560/2020, a través del cual se contemplan mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. Uno de los mecanismos es el procedimiento de recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio.

¿En qué consiste este procedimiento?

Este procedimiento lo que busca es crear un entorno en el cual el empresario cuente con garantías para mantener su empresa como unidad de explotación económica generadora de empleo, a través de soluciones materializables a corto plazo, efectivas y ágiles. Este es un nuevo servicio del Centro donde a través de la mediación logramos que los empresarios lleguen a acuerdos con sus acreedores.

¿Cuántos casos ya han registrado en este servicio?

Actualmente, hemos atendido cinco trámites y más de 50 consultas principalmente de la micro y pequeña empresa.

¿Y en arbitraje hubo algún cambio?

Se abrió un nuevo servicio de arbitraje exprés. Está dirigido a todos los empresarios (en especial a los medianos y pequeños) para que accedan al servicio de arbitraje con tarifas menores, un procedimiento mucho más ágil y totalmente virtual, y dirigido a conflictos que no excedan los 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 2021 resolveremos conflictos empresariales de manera ágil, y con validez jurídica a 2.200 usuarios y a 500 empresas.

¿Cuántos casos de arbitraje y conciliación reciben al año?

En conciliación, en promedio de los últimos tres años, hemos recibido 907 solicitudes anuales. En arbitraje, contamos con un promedio de radicación de 40 casos anuales. Para 2020, se radicó un total de 29 procesos.

“Más de 2.000 audiencias fueron por arrendamientos”
Jorge Villegas Betancur


El director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición en Medellín es Jorge Villegas Betancur, quien destacó que los procesos de conciliación el año pasado aumentaron 2,5 veces frente a 2019.

¿Qué cambió con la pandemia del covid-19?

Se expidió el reglamento del arbitraje exprés, un servicio que tiene menores tiempos y costos. En cuanto al Centro de Conciliación, si bien se ofrece el servicio de conciliación de arrendamiento desde 2013, con ocasión de la pandemia y las dificultades económicas que ha causado, se han presentado incumplimientos contractuales, por lo que la experiencia, tanto del Centro de Conciliación como de sus conciliadores, ha sido fundamental para brindar a las partes opciones que han permitido la solución de sus diferencias y la resolución de los conflictos que han tenido en esta materia, tales como reducción en los cánones de arrendamiento y restablecimiento de las relaciones comerciales, entrega oportuna y anticipada del inmueble, reparaciones al inmueble, o pago de los cánones vencidos.

¿Cuántas audiencias han realizado en este servicio?

En 2020 se realizaron 2.616 audiencias de conciliación, de las cuales 2.047 correspondieron a asuntos de arrendamiento. En 2021 se han realizado 444 audiencias en materia de arrendamiento, lo cual representa 87% del total de audiencias en el año en curso, que suman 512.

¿Cuántas audiencias hicieron en materia de arbitraje?

En arbitraje se hicieron 456 audiencias virtuales en 2020 y en 2021 ya llevamos 72.

¿El número de casos ha venido creciendo?

En 2020 la cantidad de demandas arbitrales disminuyó en relación con 2019; sin embargo, durante estos dos meses de 2021 ha incrementado frente al año anterior. En materia de conciliación, el número de casos atendidos ha sido constante entre 2018 y 2019; sin embargo, 2020 presenta un alza de 2,5 más casos sobre el total recibido en 2019.

¿Qué porcentaje de casos terminan favorablemente?

El Centro presenta un índice de acuerdos en materia de conciliación de 85%.

¿Cómo va el proceso de la demanda del Consorcio CCC Ituango por Hidroituango?

·Tal como lo dio a conocer el Consorcio y lo han mencionado varios medios, se tramita ante nuestro Centro una demanda de arbitraje internacional. La rigurosa confidencialidad es un componente clave que garantiza confiablidad para las partes en este y en cualquier otro proceso.

lunes, 1 de marzo de 2021

Colombia avanzó solo dos puntos en su puntaje dentro del Índice de Corrupción

Según el ranking internacional de Transparency International, el país ocupa la posición 92 en el listado de 180 naciones

En la más reciente encuesta de Invamer aumentó el número de encuestados que aseguró que la corrupción en Colombia está empeorando, pasando de 85% en octubre de 2020 a 95% en enero de este año. Hoy, esta realidad la confirma un estudio internacional de Transparency International, organismo que anualmente publica el Índice de Percepción de Corrupción, donde cero significa una corrupción muy elevada y 100 una ausencia de corrupción.

Los resultados indican que Colombia avanzó muy poco en este ranking internacional, pues apenas subió dos puestos pasando del puntaje 37 en 2019 a 39 en 2020. Si el análisis se hace en general, Colombia ocupa la posición 92 entre 180 países estudiados.

Aunque el país aumentó el índice, esto no es considerado como un avance porque ha permanecido por debajo de una calificación de 40 puntos desde el 2012. “Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país”, reveló el estudio global.



Si ponemos la lupa sobre los resultados en América Latina, por encima de Colombia está Uruguay (71 sobre 100), Chile (67), Costa Rica (57), Cuba (47) y Argentina (42).

Ecuador, con también 39 puntos, está al mismo nivel de Colombia; mientras que por debajo del país quedaron: Brasil (38), Perú (38), Panamá (35) Bolivia (31), México (31), Paraguay (28) y Venezuela (15).

El informe internacional reveló que entre los países que hacen parte de la Ocde, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México.

“Estamos cerca de cumplir una década en ese estancamiento. Avanzar en esta calificación dependerá de cómo el país aborde retos históricos que facilitan la corrupción, pero también de la capacidad para proteger los recursos públicos en coyunturas difíciles como la pandemia”, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

La percepción sobre el tema es tal, que en otras de las preguntas hechas en la encuestad e Invamer, sobre cuál es el principal problema del país en estos momentos, reveló en el primer lugar a la corrupción con 28% de las respuestas de los encuestados, seguido de desempleo (22%) y coronavirus (13%).

Corrupción y covid-19

Según se explica en el informe, los países con los puntajes más altos (es decir menos corrupción) invirtieron más en sus sistemas de salud y están en mejores condiciones de proporcionar cobertura de salud universal, por lo que consideran que baja la probabilidad de que se violen la democracia o las leyes.

En el caso de Colombia, que no supera un puntaje de 40, el informe precisa: "En Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo, tal como lo han señalado informes previos de Transparencia por Colombia".

Esto obliga a enviar un alerta, sobre todo en temas de vacunas, en el sistema de salud y en el proceso de atención de la inmunización.

"La fase actual de adquisición de vacunas y puesta en marcha de un plan de vacunación no es la excepción y debe estar marcada por la integridad, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la equidad”, explicó el director de Transparencia por Colombia.

Pero el informe no solo se queda en la advertencia. El organismo enumera una serie de acciones para garantizar la disminución de la corrupción:
Fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia.
Asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos.
Defender la democracia y facilitar el control ciudadano.

Garantizar el acceso a información pública.

Abordar de manera más decidida reformas de fondo como país, incluyendo una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas

Tener mayor eficacia y transparencia en el poder judicial.

Fortalecer los canales internos de denuncia y protección a denunciantes.

Garantizar la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

domingo, 28 de febrero de 2021

Supertransporte multó a Interjet por $219 millones al vulnerar derechos de pasajeros


Tras recibir 64 denuncias por parte de pasajeros, la entidad le ordenó a la compañía hacer público el sistema de atención a usuarios

En Colombia las aerolíneas se encuentran obligadas a informar a sus usuarios sobre la operación de la aerolínea; la disponibilidad de sus vuelos y los canales habilitados para poner una queja o reclamo.

Pese a esta obligación, hay aerolíneas que parecen no estar cumpliendo con lo establecido. Por ejemplo, Interjet completa más de 60 denuncias de usuarios que indican la complejidad de contactar con la compañía para conocer datos de sus vuelos, cambios de itinerario, información sobre reembolsos e información en general, razón por la que la Superintendencia de Transporte ordenó a la aerolínea crear canales de PQR.

Pese a este fallo, la aerolínea continuó mostrando ineficiencias en la protección de los derechos de sus usuarios y esa es la razón por la que la entidad le impuso una multa de $219 millones a la sociedad ABC Aerolíneas S.A. de C.V. (Interjet), por no acatar las órdenes impartidas mediante Resolución No 9755 de noviembre de 2020.

Estas órdenes buscaban validar la protección de los derechos de los consumidores y velar por la continua prestación del servicio de transporte aéreo por parte de esta aerolínea.

El fallo se dio tras recibir denuncias de ciudadanos indicando la dificultad de contactar con la aerolínea y posteriormente, vencido el término otorgado para el acatamiento de cada una de las medidas, y previa solicitud de explicaciones a la compañía (lo cual tampoco fue atendido) la Supertransporte procedió a imponer una multa ante su renuencia en el cumplimiento de la medida administrativa.

“Desde la Superintendencia de Transporte estamos oyendo permanentemente a los usuarios de los distintos modos de transporte, y emitiremos las órdenes y requerimientos que haga falta para asegurar el cumplimiento de los derechos de los usuarios. Por eso, en casos en donde se emiten órdenes administrativas que no se realizan, acudimos a medidas más drásticas, buscando que las compañías presten un servicio idóneo y de calidad, acorde a lo que esperan y necesitan los colombianos”, manifestó el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

Así fue el proceso
En noviembre de 2020, la Superintendencia de Transporte impartió una serie de órdenes a la sociedad ABC Aerolíneas S.A. de C.V. (Interjet) mediante la resolución No 9755, luego de recibir una serie de denuncias de usuarios sobre problemas accediendo a información de vuelos, cambios de itinerarios y reembolsos, entre otros.

Estas órdenes consistían en:

-Emitir y difundir un comunicado de prensa en donde indique a los usuarios los canales y horarios de los que dispone la aerolínea para para recibir y atender de manera oportuna las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios.

-Presentar e implementar un plan de atención a usuarios.

-Allegar a la Superintendencia el Sistema de Atención a Usuarios que tienen en los aeropuertos donde opera en Colombia.

Vencido el término otorgado para el acatamiento de cada una de las medidas, y previa solicitud de explicaciones a la aerolínea, en donde se indagó sobre los motivos de su desacato y que tampoco fue atendido; se procedió a imponerle una multa.

Esto no implica que la aerolínea se haya relevado del cumplimiento de la medida administrativa, por lo que se le concedió el término de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que la sancionó, para que acredite el cumplimiento de lo ordenado, so pena de hacerse acreedor a la imposición de otra multa por su renuencia.

En caso de que la aerolínea incumpla el nuevo plazo otorgado por la Supertransporte, podría hacerse acreedora de una nueva multa hasta por 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Contra la decisión de multa impuesta a la aerolínea proceden los recursos de reposición y apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Se explicó que se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa, y se precisa que el procedimiento sancionatorio iniciado se realizará de conformidad con lo establecido en la ley.

Sometimiento a control
En ejercicio de sus competencias de supervisión subjetiva, la Superintendencia de Transporte viene recaudando elementos probatorios y adelantando diferentes actividades que pueden dar como resultado la orden de sometimiento a control de la sucursal en Colombia de la sociedad extranjera ABC Aerolíneas S.A. de C.V. - Interjet.

Explicaron que en este escenario “se limitaría la enajenación o venta de sus bienes, se podrían promover planes de mejoramiento frente a situaciones críticas de orden económico, administrativo, contable o jurídico, remover los administradores de la empresa, o incluso, convocar a un proceso de insolvencia ante la Supersociedades”.

Según Dionisio de la Cruz Camargo, asociado de Archila Abogados y docente del Externado de Colombia, las aerolíneas deben contar con un mecanismo para recibir PQR ya sea en los aeropuertos o en su web y que sea posible su seguimiento. “Si la aerolínea no cumple con esos deberes puede ser sancionada. Así mismo, el pasajero puede solicitar que se le de la información y exigir que se le reciba la PQR”.

Según el abogado Daniel Monroy, investigador en Derecho económico, las aerolíneas tienen esa obligación por la Ley 1480, que es la norma general de protección al consumidor y la segunda, el RAC 3 que trae obligaciones específicas, como por ejemplo la información de cómo deben ejercer el derecho de retracto de los usuarios.

sábado, 27 de febrero de 2021

Lo que debe saber sobre las tutelas y la confidencialidad de las vacunas en Colombia


Según el Gobierno, las vacunas llegarían al país en febrero y el plan contempla a la población más vulnerable en la primera etapa

A horas de que el presidente Iván Duque anuncie la fecha de la llegada de las vacunas contra el covid-19 y la puesta en marcha del plan de vacunación, siguen surgiendo dudas sobre la legalidad de mantener términos de confidencialidad en este tema o de la efectividad de una tutela si un ciudadano no está de acuerdo con las fases de vacunación, específicamente, con los grupos identificados como prioritarios para la inmunización.

Al tratarse de un derecho fundamental, algunos colombianos acudieron al mecanismo de acción de tutela para acceder a la vacunación, esto, a pesar de que miembros del Gobierno Nacional, como el ministro de Salud, Fernando Ruiz, han advertido a los magistrados de la Corte Constitucional que una “avalancha de tutelas” podría afectar el cronograma y la estrategia de vacunación.

Pese a este mensaje, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, habló esta semana sobre el mecanismo de tutelas presentadas para recibir la vacuna y puntualizó que si un ciudadano presenta una demanda de tutela, el deber judicial es procesarla y tramitarla.

Entonces, ¿qué aspectos legales se deben tener en cuenta para esto? Una acción de tutela la puede presentar cualquier persona cuando se le vulneren sus derechos fundamentales, ante cualquier autoridad judicial; por lo tanto, no se puede impedir por vía general a la población que acceda a la acción de tutela.

Según explicó José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Suprema, la tutela relacionada con el tema de la vacuna es como cualquier otra tutela y cada juez debe responder en primera instancia en un periodo de 10 días hábiles.

Posteriormente, el juez de conocimiento examina si se vulneraron los derechos por la autoridad y si los encuentra afectados, lo ampara y ordena las medidas correctivas.

En esto coincide el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, quien se refirió a la reciente petición del ministro de Salud. “El plan de vacunación debe estar bien concebido de manera que no afecte los derechos fundamentales. Si no lo está, vía tutela, garantizando el derecho fundamental a la salud y a la vida, se pueden ordenar correctivos”.

Las tutelas se deben presentar de manera verbal o escrita ante cualquier juez del lugar donde ocurrió la violación o la amenaza del derecho y todos los jueces de Colombia son jueces de la Constitución y pueden conocer de tutelas. Se puede impugnar ante el superior y la Corte Constitucional puede revisar tutelas, discrecionalmente.

Si son muchas las tutelas presentadas, se abre la posibilidad de que el plan de vacunación establecido por las autoridades del Gobierno Nacional pueda ser modificado.

Sobre la confidencialidad

También la discusión sobre la confidencialidad en lo que respecta a las fechas, el costo y el proveedor de las dosis de vacunas entra en juego.
El presidente de la República, Iván Duque, ha insistido en la importancia de la confidencialidad de los acuerdos, ya que, según el mandatario, “si se rompen esos acuerdos de confidencialidad, se pierde la oportunidad de adquirir esas vacunas”.

Sin embargo, Arrubla destacó que, de haber algo confidencial en materia de información de las vacunas que llegarían al país en febrero de este año, sería únicamente lo referente a la propiedad intelectual sobre la fórmula que se utilizó para crear la dosis. “Una fecha y un precio no son confidenciales. Las cláusulas de confidencialidad en un contrato son sobre el secreto industrial, no sobre la fecha y cuánto vale”, precisó.

Sobre esto Hernández agregó: “No entiendo cómo puede hablarse de confidencialidad, en una materia que es totalmente de interés público y estando de por medio ni más ni menos, la vida de personas”.
Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, dijo que 54% de las vacunas del mundo está acaparado en 14% de la población mundial.

“En Colombia hay una política ausente de transparencia, donde aún se desconoce el marco de acciones que se tomaron. El secretismo inaceptable ha derivado en el reforzamiento del movimiento antivacunas por el escepticismo generado”.

viernes, 26 de febrero de 2021

Vemos una excesiva actividad regulatoria en energías limpias, y no siempre es clara


Freddy Alberto Navarrete es el nuevo socio de la firma Cáez Muñoz Mejía, quien se concentrará en el área de Derecho energético

La pandemia no ha impedido que se concreten varios movimientos en el sector de los bufetes y muestra de ello es otro nombramiento que se conoce esta semana. El abogado Freddy Alberto Navarrete es el nuevo socio de Cáez Muñoz Mejía, quien se concentrará en un tema que precisamente la semana pasada fue destacado por el presidente Iván Duque y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa: las energías renovables.

¿Cómo está actualmente el panorama energético del país?
El país tiene la necesidad del sector minero-energético como herramienta para la reactivación económica y por eso el Gobierno ha trabajado en un plan ambicioso cuyos objetivos son: recuperar al sector, avanzar en materia de transformación energética y mejorar de infraestructura, así como, seguir atrayendo inversión extranjera en proyectos de energía renovable (solar y térmica). Esto implica que el panorama será muy dinámico en inversiones, regulación e impuestos. Es todo un reto poder combinar todas las variables con las dificultades que tendremos este año atípico.

¿Cómo impactará al mercado energético la apuesta que se viene haciendo por las renovables?
Es un impacto positivo, pero no inmediato. En efecto, la apuesta y el plan del Gobierno Nacional está acompañada de mecanismos financieros, regulatorios y de mercado que buscan la sostenibilidad energética y, por ende, el cambio de la matriz energética del país, ya que, por cuenta de la promoción y la disponibilidad de energías renovables podríamos ver una liberación de mercados de hidrocarburos (combustibles), traduciéndose esto en mejores precios y una menor presión fiscal para los operadores y distribuidores.


GUILLERMO CÁEZSOCIO EN CÁEZ MUÑOZ MEJÍA ABOGADOS

“Sin lugar a dudas los proyectos energéticos son estratégicos para el país. Ahora, con el refuerzo en esta área, seguiremos aportando valor en este sector”.

¿Qué se necesita para que definitivamente Colombia se vuelque a la producción de energía limpia?
Colombia necesita una buena regulación y que además una regulación motive al inversionista. Hoy en día vemos una excesiva actividad regulatoria, y no siempre clara. También hay muchas barreras que encuentran nuestros clientes, fiscales, sociales y de infraestructura. Eso dificulta el inicio y la ejecución de proyectos, demorando ese cambio o transformación.

¿Cree que la contribución especial declarada inexequible y que vinculaba a los agentes en la distribución de combustibles líquidos pone en riesgo la operación de mayoristas?
Sí. Tanto a los distribuidores mayoristas como a los minoristas. Es una contribución antitécnica, que afecta el precio del combustible, pero penaliza a los distribuidores porque no será posible trasladarlo y eso disminuirá los márgenes. Tarde o temprano afectará al consumidor, por lo que definitivamente se debe evitar.

Por ahora, vemos los esfuerzos de los reguladores para cobrar esa contribución, lo cual es totalmente controvertible por la declaratoria de la inexequibilidad, ya veremos muy pronto las acciones legislativas que buscarán volverla a aplicar.

¿En qué se centra el área de Derecho energético que usted liderará en la firma?
Asesorar de forma integral a los clientes en el desarrollo de sus operaciones, incluyendo los asuntos del día a día, pero también asuntos de M&A, proyectos de inversión, negociación de contratos, compliance y comercial. Por esto hemos desarrollado fortalezas atendiendo clientes principalmente en Oil & Gas (downstream, upstream, servicios petroleros), pero con una apuesta de crecimiento para el mercado de energía renovable, de servicios públicos y minería.

¿Cómo ve la proyección de la firma en un año que como usted dijo sigue siendo atípico?
Sin duda, este es un momento que se debe aprovechar para consolidar nuestra estructura, pensando siempre en fortalecer la práctica y las posibilidades para que nuestros clientes tengan a su disposición la asesoría para todas sus necesidades jurídicas. Hemos incorporado varios asociados a la firma, con la idea de seguir el buen rumbo. Nuestra apuesta es para el crecimiento.

jueves, 25 de febrero de 2021

Qué sucede con el salario y prestaciones del empleado que fallece?

Las empresas deben tener claro qué pasos seguir a la hora de pagar distintos conceptos causados por el empleado que fallece y, sobre todo, a quién los realiza.

El empleador tiene un rol importante y decisivo cuando un trabajador fallece. 

Padres, hijos o cónyuges, ¿a quién le corresponde lo que ‘dejó’ un trabajador fallecido de su pago laboral? El portal elempleo.com expone el procedimiento que debe hacer el empleador en estos casos.

La muerte de un trabajador es causal de terminación del contrato laboral, así lo anuncia el literal a del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.

“El empleador está en la obligación de reconocer y pagar el valor de las prestaciones sociales y vacaciones causadas, por el trabajador fallecido hasta la fecha de su deceso, a los beneficiarios de este una vez demuestren su calidad con los soportes respectivos”, explica Leonardo Mejía, director de la firma Mejía López Estudio.

Pago de la prestación por muerte

Para el pago de la prestación por muerte, el empleador debe avisar públicamente, con 30 días de anticipación, el nombre del fallecido y de las personas “acreditadas” como beneficiarias, menciona el artículo 212 del CST.

“Tal aviso debe darse en la prensa del lugar por dos veces a lo menos, y en donde no existieren publicaciones periódicas, por medio de una nota al Alcalde del Municipio, quien la dará a conocer por bando en dos días de concurso. Este aviso tiene por objeto permitir que todo posible beneficiario se presente a reclamar”, complementa dicho artículo.

Mejía detalló que después de efectuarse esa publicación pueden suceder dos cosas. Primero, que no se presenten eventuales beneficiarios, caso en el cual se procede con el pago total de lo debido y en donde el empleador queda exonerado toda obligación.

La otra posibilidad es que “aparezcan nuevos posibles beneficiarios y, en consecuencia, exista controversia sobre el pago, en donde el empleador deberá constituir un depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia, esto con el valor de las prestaciones sociales y vacaciones y someterlo a reparto a un Juzgado Laboral para que dirima la controversia”.

¿A quién le corresponde estos conceptos?

En algunas ocasiones, las herencias son motivo de discordia y enfrentamientos entre familias o allegados de la persona que fallece. Las prestaciones se distribuyen según las relaciones o parientes que el fallecido tenía.

En caso de que haya cónyuge, compañero o compañera permanente sin hijos -y no se presente discusión-, obtendrá el 100% de las prestaciones sociales, salarios y vacaciones, señala Mejía.

Ahora, si hay hijos y cónyuge o compañero o compañera permanente, entre los cuales no hay problema, se distribuye en un 50% a la pareja y el otro 50% a los hijos en proporciones iguales, según el número.

Si el empleado fallecido solo dejó hijos y no se presenta discusión, el 100% se reparte según el número de descendientes. A falta de estos y de cónyuge o compañera/o permanente, se entrega a los padres, si no hay discusión.

Como se mencionó anteriormente, si existe discusión por la repartición de estos beneficios o no se presenta nadie, estos “deben consignarse a órdenes de un juzgado laboral”.

¿Se pierden las cesantías del empleado?

“El auxilio de cesantía en caso de muerte del trabajador no excluye el seguro de vida obligatorio y cuando aquel no exceda del equivalente a 50 veces el salario mínimo mensual más alto, se pagará directamente por el empleador de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 212 del CST”, según el artículo del mismo código.

¿Qué sucede cuando la muerte del empleado es culpa del empleador?

Si se comprueba culpa suficiente por parte del empleador en un accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, tiene la obligación de dar la indemnización total y ordinaria por perjuicios, señala el artículo 216 del CST.

De la indemnización total “debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”, cierra la norma mencionada.

miércoles, 24 de febrero de 2021

El gran reto es mantener el interés de los inversionistas, ofreciendo seguridad jurídica


Carlos Padilla, nuevo socio de PPU, destacó las concesiones y señaló que este año se vienen adjudicaciones, entre otras, en el programa 5G

Antes de despedir 2020, el bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) hizo un importante anuncio. El abogado de la Universidad de Los Andes con maestría en Gestión de Negocios Internacionales de La Trobe University, Carlos Eduardo Padilla, ascendía como socio en la firma.

El anuncio se dio tras coordinar por más de cuatro años el área de Infraestructura y Proyectos, uno de los sectores considerados clave por el Gobierno Nacional para el crecimiento económico.


El mundo parece haberse detenido por los efectos del covid, pero su nombramiento es una muestra de que las cosas siguen. ¿Cuál será su aporte a la firma?
En efecto, el mundo sigue moviéndose y en medio de la difícil situación que representa el covid-19, es deber de cada uno de nosotros aportar para que así sea. El año pasado estuvo, sin duda, lleno retos tanto para PPU como para cada uno de nuestros clientes.

En lo profesional, pudimos acompañar y cerrar con éxito grandes transacciones para el sector de la infraestructura, lo cual evidencia que ni los proyectos, ni el interés de los inversionistas se ha detenido. Continuar acompañando a nuestros clientes con el mismo compromiso y dedicación de siempre es mi mayor aporte a la firma.


JORGE DI TERLIZZISOCIO LÍDER DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA PPU

“Este nombramiento es una muestra más, de un plan de carrera estructurado y del fomento al desarrollo profesional al interior de PPU”.

Con la incursión de la virtualidad en cada aspecto de la vida de los ciudadanos ¿Hacia dónde cree que debe enfocarse el papel del abogado hoy en día?
No creo que el papel del abogado vaya a cambiar sustancialmente. Habrá ciertas especialidades en las cuales las necesidades de asesoramiento para nuestros clientes requieran ajustarse a una nueva regulación relacionada con la “virtualidad”, teletrabajo y aquella relacionada con protocolos de bioseguridad. Sin embargo, en general, no creo que el papel del abogado, y en particular del abogado transaccional, deba cambiar su enfoque.

El gran desafío para las firmas de abogados es lograr construir y mantener las relaciones de confianza con sus clientes y entre los equipos de trabajo. Las relaciones con nuestros clientes y el desempeño de nuestros equipos de trabajo depende en buena parte de la confianza.

En un entorno en el que el contacto y la presencia física es limitada y las relaciones se construyen de manera remota, una estrategia orientada a fortalecer las relaciones es fundamental.

Llega a una de las áreas que fue considerada una de las locomotoras económicas. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta este sector para 2021?
El país aún tiene una larga lista de grandes proyectos por adjudicar y ejecutar. No solamente se trata del programa de concesiones 5G, sino de culminar de manera exitosa otros proyectos como la Ptar de Canoas, la reactivación del transporte ferroviario, los proyectos de metro en Bogotá y Medellín, Regiotram, el tren ligero en Barranquilla, multimodalidad, etc. varios de los cuales se prevé saldrán durante 2021. Durante los últimos años, el Gobierno Nacional ha realizado un esfuerzo enorme por estructurar proyectos y un marco normativo que sea atractivo para la inversión privada. La vialidad de los mismos depende de que el sector público y privado logren aunar esfuerzo para desarrollarlos. El gran reto es mantener el interés de los inversionistas, ofreciendo un ambiente de seguridad jurídica.

Desde el Gobierno destacan los avances de proyectos en vías 4G, pero los ciudadanos se siguen quejando de lo precario de las vías. ¿Cuál es el escenario real del avance de estos proyectos?
En general, el programa de concesiones ha sido un programa muy exitoso. Prueba de ello es el reconocimiento que ha tenido a nivel mundial el programa y el estado de avance de la gran mayoría de los proyectos. Salvo por algunos casos puntuales en los que ciertos proyectos han tenido y enfrentan problemas de distinta índole, el resultado es muy satisfactorio y el país hoy en día cuenta con una infraestructura vial mejorada.

¿Qué negocios o movidas se pueden dar este año en el área de infraestructura en el país?
Durante 2021 debe venir la adjudicación de algunos de los proyectos que hacen parte del programa 5G. También tendrían que cerrarse algunas de las financiaciones y refinanciaciones cuyos procesos están en curso. Algunas de las concesiones están acercándose a finalizar la fase constructiva y con ello se abren oportunidades de buscar financiación más económica y con menor riesgo. Por último, creería que habrá procesos de adquisición, dado que el perfil y apetito de algunas empresas está más enfocado en la construcción y querrán desinvertir para concentrar sus recursos en nuevas obras.

Una de las grandes quejas de los proyectos 4G es la lentitud en los cierres financieros. ¿Eso es un obstáculo ya superado o siguen existiendo problemas?
Las financiaciones siempre tendrán obstáculos. Durante un lapso de tiempo estuvieron detenidas a raíz de ciertos escándalos de corrupción y decisiones que generaron incertidumbre. Sin embargo, el mercado y las estructuras de financiación se han ido acomodando para mitigar los distintos riesgos. Creo que se trata de obstáculos superados y prueba de ello fueron los cierres que alcanzamos finalizando 2019 y durante 2020, a pesar de la pandemia. Mientras existan condiciones de mercado y seguridad jurídica, las posibilidades de financiación deberían mantenerse.

La firma tiene más de 400 abogados en Latinoamérica y eso permite hacer una comparación de Colombia con la región ¿Qué tan avanzada está Colombia en el área de infraestructura frente a otros países?
Aún queda un largo camino por recorrer. Los índices de competitividad en materia de infraestructura, aunque han mejorado en los últimos años, siguen estando lejos de aquellos que muestran los países más desarrollados. A nivel de Latinoamérica, países como Chile tienen mejores índices de competitividad en infraestructura, mientras que los de Colombia pueden asemejarse a los de Perú. Sin embargo, el marco contractual de APPs en Colombia y el esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional han llevado a grandes mejoras. Debemos continuar por ese camino.

También es experto en el área de Asociaciones Público-Privadas. ¿Qué tan efectiva está siendo esta figura para concretar proyectos en Colombia?

Muy efectiva. La participación y el interés creciente de empresas extranjeras, así como el acceso a mercados internacionales son prueba de ello. Todavía se requiere hacer ciertos ajustes al marco normativo para que esa realidad pueda trasladarse a proyectos de APP social, instituciones educativas y de servicio público.

martes, 23 de febrero de 2021

Encontré al hombre soñado en Tinder y resultó ser un estafador

Siempre me creí una mujer perspicaz, hasta que por amor caí en una maraña de mentiras.


¿Tiene una historia de amor o desamor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a diarav@eltiempo.com y lo contactaremos.

Mi historia no es exactamente de amor, aunque lo parecía. O por lo menos eso era lo que yo estaba buscando. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos el romance se convirtió en pesadilla cuando descubrí que estaba siendo víctima de una estafa. ‘Jimmy’, el hombre con quien hice match en Tinder, tenía un secreto y yo empecé a encarretarme con él sin saber que eso luego me saldría caro.

En 2019 acudí a la famosa plataforma de citas para conocer a un hombre. A pesar de que mi perfil decía que buscaba una relación seria, solo encontraba personas que querían un encuentro casual. Tuve varios intentos fallidos, hasta que empezamos a intercambiar mensajes con ‘Jimmy’.

Su perfil me cautivó. Era físicamente atractivo, compartíamos un par de intereses, solo tenía dos años más que yo y decía buscar algo estable. Después de conversar un par de días en la aplicación, me pidió mi número de teléfono para seguir conociéndonos vía WhatsApp y me arriesgué. Inmediatamente desapareció de Tinder.

Me pareció raro, por eso cuando me escribió por el chat inmediatamente le pregunté por qué ya no salía en la app, a lo que respondió que se había salido porque quería concentrarse en mí. Se podrán imaginar lo que pensé: “Taaaaaan lindo”.

Duramos una semana chateando. Se interesaba por lo que yo hacía, decía estar sorprendido de que no tuviera novio y estaba pendiente de mí 24/7. Sin conocerlo se volvió poco a poco en parte de mi mundo.

Un día me confesó que había tenido una dolorosa experiencia en su última relación, pues sacrificó mucho por alguien que no lo había valorado. Inmediatamente me identifiqué: ¿será que éramos almas gemelas que por fin se encontraban?

Nuestras charlas eran cada vez más profundas, bonitas y parecían sinceras. ‘Jimmy’ era capitán mercante y se encontraba en ese momento navegando, pero me dijo que apenas volviera a la ciudad (pues se supone que vivíamos en la misma zona) quería conocerme. Yo estaba en tierra firme, pero mi corazón ya andaba en alta mar. De vida o muerte

Sus comunicaciones desde el barco empezaron a fallar. Según él, tenían problemas mecánicos y estaban parados en medio de la nada. Sin embargo, su celular marítimo sí funcionaba y por eso podía hablar 'solo' conmigo. Me pareció extraño, pero no tenía razones para dudar.

'Jimmy' me rogó que enviara un correo solicitando ayuda a una empresa de servicio técnico. Durante horas yo era la intermediaria entre esa compañía y él. Me sentí importante en su vida, que lo salvaba en un momento de crisis. Él me repetía una y otra vez que estaba muy agradecido.

Cuando le pedí explicación de lo que pasaba, me contó que al parecer se trataba de una falla técnica y, para arreglar el problema, la embarcación necesitaba un repuesto urgente que se debía pagar por adelantado para ser despachado en helicóptero hasta el barco.


Me preguntó si podía confiarme la información de su cuenta bancaria para que yo entrara e hiciera la transferencia.

Como las comunicaciones no funcionaban bien, 'Jimmy' decía que estaba estresado porque no lograba hacer la transferencia del dinero. Su voz se escuchaba angustiada y yo era espectadora de esa desesperación, por eso no dudé en hacer lo que estuviera a mi alcance.

Me preguntó si podía confiarme la información de su cuenta bancaria para que yo entrara e hiciera la transferencia. Sí, sé que era ilógico, que uno no va por ahí dando ese tipo de datos a cualquiera, pero la situación parecía de vida o muerte. Yo, sorprendida por la forma en que depositó su confianza en mí, acepté y él me envió todos los datos para acceder a la cuenta.

Intenté hacer la transferencia, pero me salía denegada a causa de “problemas de comunicación entre los bancos”. En medio del corre corre, a él se le ocurrió que yo podía transferir el dinero de su cuenta a la mía y luego de mi cuenta a la del proveedor. Ingenuamente no le vi ningún problema, ya que era yo la que estaba haciendo las transferencias e iba a tener el dinero primero.

Todo parecía normal, el sistema funcionaba de manera habitual, inclusive recibí el código de confirmación que siempre me llegaba al celular antes de concretar la transferencia. De hecho, en la pantalla vi disminuir el saldo.

Estaba esperando a ver el dinero reflejado en mi cuenta antes de hacer el segundo traspaso del dinero, pero él me dijo que, como era una transferencia internacional, se demoraría entre tres y cuatro días en verse reflejada, por eso tenía que hacerla y mandar el pantallazo a la compañía para que el repuesto fuera despachado lo antes posible.

Su explicación tenía lógica y yo creía que tenía el control de a situación, por eso, convencida de que el dinero entraría en los siguientes días, envié la plata al proveedor y mandé el comprobante. En respuesta me llegó un papel donde la empresa decía que había recibido el dinero y me avisaba que el repuesto llegaría en dos horas al barco. Después un par de horas, ‘Jimmy’ me mandó un video del helicóptero descargando el repuesto en la cubierta del barco. Me sentí aliviada.


¿Tiene una historia de amor o desamor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a diarav@eltiempo.com y lo contactaremos.

Naufragio emocional

Al otro día empezó mi pesadilla. Según él, no pudieron arreglar el problema y ahora necesitaban que un técnico fuera al barco a ayudarlos. Esto, por supuesto, implicaría un pago por el doble del precio del repuesto, lo cual ya me asustó y me hizo dudar de todo.

Ante las sospechas, contacté a mi banco y, al revisar la información del día anterior, me dijeron que se trataba de una estafa y me ordenaron hacer la denuncia ante la Policía. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No sabía si sentir rabia, tristeza o decepción. Toda la vida me he considerado una mujer inteligente y perspicaz, pero en ese momento solo podía pensar en lo ingenua que había sido. Ese día no paré de llorar, comencé a repasar todas las conversaciones y a ver todos los detalles que no encajaban. Me sentía engañada y tan vulnerable.

Mientras esperaba respuesta de la Policía, seguí manteniendo la conversación con el supuesto ‘Jimmy’ como fachada. Por varios días me estuvo pidiendo el dinero para salvarlo junto a su tripulación de estar en medio de la nada expuestos a 'piratas' en la zona. Fue tal el descaro que me dijo que pidiera prestado el dinero y que él pagaría el doble. Cuando le dije que no, me empezó a recriminar todo: criticaba mi actitud, me decía que a mí me importaba más el dinero que la vida humana y me rogaba que pagara al menos la mitad para que lograran reparar el barco.

Finalmente, después de poner la denuncia, lo bloqueé. Desde ese día no he vuelto a ser la misma, ahora me siento desconfiada de todo, sobre todo de los hombres que se me acercan.

Fui por amor y regresé con el corazón roto y sin una buena parte de mis ahorros, ahora solo espero que este modo de estafa se dé a conocer, sobre todo en las mujeres que -como yo en ese momento- se sienten solas.

Con el tiempo me he dado cuenta que la 'desesperación' por conocer a alguien, el anhelar sentirme útil al ayudarlo y el querer dejar atrás mi soledad me cegaron. Muchas veces uno lee este tipo de historias y no entiende cómo se puede llegar a ser tan cándido, jamás pensé ser yo la engañada.

Sé que no he sido la primera en caer en este tipo de engaños, ni seré la última, por eso me animé a contar lo que viví. Tal vez para evitar que más mujeres caigan en esta trampa solo por ir tras un espejismo del amor.

lunes, 22 de febrero de 2021

Cada día se interponen 80 demandas por alimentos contra padres

Penalistas y expertos debaten si la vía penal para estos casos debería dejar de existir.

Citynoticias en vivo: Más de 6.000 brotes por covid-19 se han presentado en BogotáCitynoticias en vivo: Más de 6.000 brotes por covid-19 se han presentado en Bogotá


Hace dos semanas, en las redes sociales hubo todo un debate luego de que se conoció el caso de un hombre que, a pesar de que la cuota alimentaria para su hija había sido fijada por una Comisaría de Familia en apenas 90.000 pesos al mes, incumplió con ese deber entre el 2014 y el 2018.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la condena de 32 meses en su contra porque encontró que, al contrario de lo que él decía, en ese tiempo sí estuvo trabajando y tenía cómo responder.

La historia planteó varias dudas sobre qué tan efectivo es el delito de inasistencia alimentaria para proteger a los menores de edad, y qué tan frecuentes son estas historias que revelan un incumplimiento de padres y madres en sus deberes.

EL TIEMPO buscó cifras en la Fiscalía y en las comisarías de familias y habló con expertos para escudriñar la realidad de la inasistencia alimentaria.

En primer lugar, la magnitud de este problema, aunque en los registros judiciales muestra un descenso en el último año, sigue siendo enorme. Nada más el año pasado, según estadísticas públicas de la Fiscalía, el ente acusador recibió 29.355 noticias criminales (denuncias) por inasistencia alimentaria. La cifra es un 51,7 por ciento menor que la del 2019, cuando hubo 60.896 casos.

También hubo menos procesos (los que después de recibir las denuncias finalmente terminan en un proceso formal), pues en 2020, según le reportó la Fiscalía a EL TIEMPO, hubo 11.025 casos abiertos, mientras que en el 2019 fueron 34.647. Este año, afirma el ente acusador, van 72 procesos formales por no responder con los alimentos para los hijos.

Aún no se ha evaluado qué pudo suceder en el bajón del 2020, pues la pandemia afectó las finanzas de la mayoría de colombianos y muchos perdieron su empleo, lo que en sana lógica llevaría a pensar que pudo haber aumentado la inasistencia alimentaria. Según fuentes, las denuncias de este tipo pudieron haber bajado debido a las restricciones de movilidad que habrían dificultado la presentación de demandas.

Sacando el 2020, que fue un año atípico, entre 2010 y 2019 hubo 717.669 denuncias por inasistencia alimentaria, con un promedio de 71.766 al año.

Las cifras también muestran que quienes más incumplen su deber de asistencia alimentaria son los hombres. Entre 2019 y 2020 hubo 46.499 indiciados en procesos penales. De ellos, 40.311 (el 86 por ciento) son hombres, frente a 3.593 mujeres (el 7,72 por ciento). Del otro porcentaje no hay registro de su sexo.

Esto muestra cómo las más afectadas y quienes están quedando solas en el cuidado de los hijos son las madres.


Inasistencia alimentaria.


De otro lado, aunque la inasistencia alimentaria tiene penas de hasta tres años, son pocas las personas que terminan condenadas o presas (hay 104 personas en prisión y 848 en domiciliaria). Según la Fiscalía, del total de noticias criminales entre 2010 y 2020 solo 16.044 tuvieron una condena, es decir, el 2,14 por ciento. El gran grueso se quedó o está en etapa de indagación, con 643.131 casos, que representan un 86 por ciento.

Al mirar las actuaciones solo frente a los procesos formalmente abiertos, en el 2020 unos 3.169 tenían una imputación (28 por ciento) y 1.365, una condena (el 12 por ciento).

La única forma de solucionar este problema en Colombia no es a través de la vía penal. También está la vía civil mediante las comisarías de familia. Según el Consejo Superior de la Judicatura, en el 2019 hubo 17.097 demandas civiles por esta causa en los despachos de familia, frente a 16.167 del 2018. Las cifras del 2020 aún no han sido consolidadas.

Son esas comisarías de familia las que fijan las cuotas de alimentos. Su monto –e incluso la obligación de darla–, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, depende de que el padre o madre tenga con qué responder, por lo que está permitido que un comisario fije una cuota de 90.000 pesos para un hijo, aun cuando posiblemente ese dinero no alcance ni para la leche ni los pañales.El debate


Solo el 7,7 por ciento de denuncias por inasistencia alimentaria son contra mujeres.

El delito de inasistencia alimentaria siempre ha sido objeto de debate entre los penalistas, e incluso en el 2017, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez anunció un proyecto de ley para despenalizar varios delitos, entre ellos este, pero terminó hundiéndose.

De fondo hay varios interrogantes sobre este delito. ¿Por qué frente al volumen de denuncias son tan pocas las condenas? Para el profesor de Derecho Penal del Externado Camilo Burbano, por un lado, muchos casos no terminan en condena porque llegan a una conciliación, un principio de oportunidad o los responsables pagan el dinero que deben y se retira la denuncia.

Pero también porque, asegura, hay un problema estructural en la Fiscalía que tiene que ver con la falta de recursos humanos para investigar este y otros delitos, pues en el país solo hay unos 5.500 fiscales y hay algunos que tienen una carga de hasta 2.000 procesos, por lo cual deben priorizar unos casos sobre otros.

Según la abogada penalista Helena Hernández, en estos delitos la pena es baja y susceptible de suspensión, por lo cual muchos condenados quedan en libertad. Pero, además, asegura que la prisión no solucionaría nada, pues implicaría la imposibilidad de exigirle al padre que haga los pagos por los alimentos de su hijo.

Por esa congestión de la justicia y el dilema que representa el mismo delito es que muchos han planteado si debería, entonces, eliminarse del Código Penal.

Según Burbano, sí debería desaparecer porque el hecho de que sea delito no significa que la gente vaya a pagar más. Lo mismo cree Hernández, quien considera que la vía civil podría tener mayores resultados.

Y el penalista Andrés Felipe Peláez asegura que este delito no solo alimenta el populismo punitivo y aumenta la congestión judicial, lo que hace difícil atender esos mismos procesos, sino que además lleva a que los condenados mantengan antecedentes penales que hacen que luego les sea más difícil conseguir un trabajo y responder por los alimentos.

Una opinión distinta tiene la exdirectora del ICBF Cristina Plazas. Para ella, el hecho de que pocos casos lleguen a una condena es porque precisamente el delito disuade a los responsables para pagar por los alimentos y así evitar la condena. También afirma que si hay congestión, esa inoperatividad del sistema no significa que la norma no sirva.

Además, Plazas asegura que el delito debe existir porque no se “puede ser laxos con los delitos que afectan a los niños”, y se debe buscar que padres y madres entiendan que deben ser responsables a la hora de tener hijos, y que “si no son buenos padres, pueden ir presos”.

En cambio, la abogada penalista Pamela Forero cree que hay que buscar otras soluciones por fuera de la vía penal para sancionar a los padres que incumplan, como lo serían los procesos ejecutivos o buscar, por ejemplo, el reporte del padre que no pague en centrales de riesgo crediticio, priorizando la inasistencia alimentaria como acreencia.

Otra vía distinta a la penal, dice el abogado Peláez, sería hacer una reforma para que, en caso de que haya un incumplimiento, una autoridad de policía o inspección del trabajo ordene descontar del salario que alguien devengue una cuota para su hijo, con el fin de que le sea imposible sustraerse a su deber. También dice que se podría buscar embargar. ¿Cómo exigirle alimentos a quien no tiene recursos?




Inasistencia alimentaria

En 1997, la Corte Constitucional señaló que la carencia de recursos económicos no solo impide la exigencia civil de tener que darles alimentos a los hijos, sino también imponer una responsabilidad penal. La razón es que nadie está obligado a lo imposible y el deudor debe ayudar a la subsistencia de sus parientes “sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia”.

Pero ¿cómo proteger entonces a los menores para que los padres respondan, cuando hay un problema de fondo como lo es la desigualdad socioeconómica en el país y la falta de empleo?

Para el profesor del Externado Camilo Burbano, el problema no se resuelve con leyes penales, sino que se necesitan mejores políticas públicas, pues de nada sirve un fallo que le ponga una cuota de uno o dos millones de pesos a un padre para su hijo si en realidad esa persona no tiene ni un mínimo vital.

Por eso es que, por fuera de la vía penal, Burbano plantea que se puede crear cierto tipo de empleos públicos, ventajas o subsidios condicionados a que un padre cumpla con la asistencia alimentaria. “Se puede monitorear diciendo que se accede al cargo con la condición de que pague las cuotas, de forma que el mismo empleador descuente el dinero de la nómina y lo entregue al hijo”, asegura.


Se puede monitorear diciendo que se accede al cargo con la condición de que pague las cuotas, de forma que el mismo empleador descuente el dinero de la nómina y lo entregue al hijo

La penalista Helena Hernández asegura que este asunto, que es mayor porque no solo se trata de fijar una cuota de alimentos, sino de que los niños tengan las condiciones para un sano crecimiento y formación integral, es una problemática social de fondo que no se resuelve con la vía penal.

Y la abogada Pamela Forero considera que esta situación —la de la imposibilidad de cobrarle los alimentos a un padre que no tiene cómo responder— afecta profundamente los derechos del menor. Afirma que detrás de la inasistencia alimentaria también hay un problema de salud reproductiva y un ciclo de embarazos no deseados en una población que no tiene un fácil acceso a bienes y servicios para tener una vida digna, y que tampoco tendría cómo garantizarle una vida de calidad a alguien por nacer.

Para la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, si bien es cierto que hay muchos padres que no tienen recursos, esa situación debe probarse, pues, por su experiencia, ha visto a muchos padres que se muestran insolventes para no responder. Por eso, considera que las comisarías de familia deben mejorar su capacidad investigativa para establecer con qué recursos cuenta realmente alguien, pues no solo se debe buscar si tiene trabajo, sino mirar los saldos de sus cuentas, sus bienes o si están a nombre de terceros.

La falta de recursos debe probarse, pues, por mi experiencia, he visto muchos casos de padres que se muestran insolventes para no tener que responder por sus hijos

Lo mismo opina el penalista Andrés Felipe Peláez, quien asegura que el hecho de no tener empleo no es una justa causa para no pagar los alimentos, pues los comisarios deben buscar todos los bienes y medios que tenga un padre. Sin embargo, como los demás, señala que el problema de fondo es la desigualdad del país, en donde unos ganan mucho y otros poco, “por lo cual cada quien debe responder según su posibilidad”.

domingo, 21 de febrero de 2021

El covid-19 no puede ser excusa para que las compañías tengan demoras en entregas


El tiempo estipulado por ley es de 30 días para que llegue el producto comprado por internet, aunque existen algunas excepciones

A pesar de que las compras de Navidad y año nuevo terminaron, las quejas por demoras en entrega de productos, que son adquiridos a través de páginas web, no paran. Tan solo entre el 1 y el 15 de diciembre, la Superindustria recibió más de 5.500 denuncias por la presunta infracción a las normas de protección al consumidor relacionadas con comercio electrónico.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que sí existe un límite de tiempo para que los pedidos que se hacen por internet, lleguen a cada usuario; así, el proveedor debe entregar los productos a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes a aquel en que el consumidor haya realizado la compra.
Qué hacer si no llega el pedido

Según Mauricio Jaramillo, socio director del Grupo de Práctica Competencia de Gómez-Pinzón Abogados, existen dos acciones legales que podría emprender como consumidor si el pedido tarda meses y el reclamo a la compañía no fue atendido.

Jurisdiccionales: Demandas de protección al consumidor, que pretenden el cumplimiento de obligaciones específicas inherentes a la relación contractual entre el productor/proveedor y el demandante.

Administrativas: Denuncias que pueden derivar en la iniciación de investigaciones administrativas en las cuales se busca proteger el interés general de los consumidores, y en las que las decisiones de la SIC pueden comprender desde la imposición de multas hasta 2.000 salarios mínimos vigentes, hasta órdenes de todo tipo que permitan la prevención y/o el cese de conductas que transgredan los derechos de los consumidores.

Además, la pandemia no puede ser una excusa para que la empresa que debe despachar el pedido tarde más de esos 30 días inicialmente acordados, “si el productor/proveedor no puede entregar el producto en el tiempo inicialmente pactado, y en todo caso, si la entrega del pedido supera los 30 días calendario el consumidor debe ser notificado de esta situación y puede resolver o terminar el contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas pagadas sin que haya lugar a retención o descuento alguno”, explicó Jaramillo.

Ningún productor/proveedor puede de manera unilateral, sin aceptación expresa de los consumidores, modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas.

María Carolina Pardo, socia líder del grupo de Competencia y Corporativo de Baker McKenzie, señaló que las compras por internet están principalmente reguladas en el Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) y la Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 de 1999). También aplican las normas del Estatuto de Protección de Datos (Ley 1581 de 2012).

Además, de presentar demoras en la entrega de algún producto, la autoridad de protección al consumidor en Colombia, ya sea para pedidos físicos o virtuales, es la Superintendencia de Industria y Comercio.


MAURICIO JARAMILLOABOGADO SOCIO DE GÓMEZ-PINZÓN ABOGADOS

“La ley permite pactar con el consumidor tiempos de entrega más largos, pero si se incumple lo dispuesto en la ley o en el acuerdo, esto puede implicar sanciones para la empresa”.

LORENZO VILLEGASSOCIO DE CMS RODRÍGUEZ-AZUERO

“Existe un límite de tiempo para que los pedidos que se hacen por internet, lleguen a cada usuario; el proveedor debe entregar los productos a más tardar dentro de los 30 días calendario a la compra”.

Consecuencias para las empresas

Según lo explicó Lorenzo Villegas, socio de CMS Rodríguez-Azuero, la ley permite pactar con el consumidor tiempos de entrega más largos (por ejemplo, porque el producto no se encuentra en el país y debe importarse, nacionalizarse, o está en producción, etc.). Pero si se incumple lo dispuesto en la ley o en el acuerdo esto puede implicar sanciones para la empresa:

-Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción.


-Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días;

-En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado;

-Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos. El productor podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad;

-Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores.

-Multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía.

Frente a las denuncias, la entidad competente que es la Superintendecia de Industria y Comercio recomienda a los usuarios al momento de hacer compras online, confirmar que el precio anunciado corresponda al precio total del producto, incluido todos los impuestos y gastos de envío, así como el descuento anunciado, según sea el caso. Si aparecen dos o más precios, sólo estará obligado a pagar el precio inferior.

Además, informarse sobre el término de la garantía legal y si ofrecen garantías suplementarias y tener conocimiento sobre las condiciones y restricciones de las promociones y ofertas anunciadas, en particular las condiciones de tiempo, modo y lugar y cualquier otro requisito para acceder a ellas.