Costos de litigios superan las tablas fijadas

Año 2012. Un exfuncionario de un ente territorial, quien pidió reserva de su nombre, enfrenta un proceso penal por contratación indebida. Reconoce que jamás pisó una cárcel, a pesar de una condena, porque obtuvo el beneficio de la domiciliaria.

Le tocó usar dispositivo electrónico. Sus principales compañías por esos años fueron sus abogados y su respaldo económico. Asegura que por los servicios del defensor de confianza pagó $12 millones, equivalentes a unos 25 salarios mínimos legales mensuales para ese momento.

Su nombre aún se mantiene en la lupa de la Fiscalía. Recientemente se activó una nueva investigación por el mismo delito, pero por otros hechos. Relató que el abogado le cobró inicialmente $5 millones, pero el contrato de prestación de servicios está por $25 millones.

El costo de una defensa técnica, con un abogado de confianza, no depende solo de las tablas fijadas, sino de otras variables. Se debe tener en cuenta, además, que al momento de suscribir el contrato por el servicio, la voluntad de las partes prevalecerá.

Por ejemplo, este medio conoció que en los mismos años un exdirectivo de otro ente territorial contrató a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Se dice que el costo de su defensa fue de $50 millones. En cifras redondas serían unos 100 salarios mínimos de la época.

Es un contrato

La defensa judicial en casos penales tiene algunas semejanzas con las de la representación en materia civil en cuanto a que se pacta la prestación de un servicio profesional a cambio de defender los intereses de una parte.

En penal, quienes cobran honorarios son el defensor del indiciado y el representante de víctimas, si se trata de un acuerdo entre privados. En los procesos civiles se establece con mayor facilidad los honorarios, debido a que estos negocios conllevan cuantías.

Existen unas tarifas de honorarios para el abogado en ejercicio, que se fija a través de la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia (Conalbos). Sin embargo, no deja de ser una especulación sin conexión con la vida real, indicó el penalista David Augusto Becerra Herrera.

“Las realidades regionales son distintas y al final hay algunas diferencias en el ejercicio del litigio en Manizales, en Putumayo o Barranquilla”, agregó Becerra.

Depende del proceso

La complejidad del proceso puede influir, pero también la capacidad del cliente, anotó Becerra. En todo caso, no se puede olvidar que la obligación de los abogados es de medio y no de resultado. Esto implica que el profesional debe de realizar todas las actuaciones, dentro de la legalidad, tendientes a velar por los intereses de su defendido.

Esto último no riñe con la posibilidad de pactar un bono de éxito, que en materia penal se concreta en la absolución del cliente. Esta prima o tarifa adicional es más frecuentes en materia civil.

Juan Manuel Ríos Castaño, abogado especialista en penal y comercial, indicó que pactar el bono de éxito es lo más conveniente, en especial cuando se tiene a cargo una representación que puede durar varios años.

En Manizales se tienen procesos que superaron una década de duración y apenas ahora se están decidiendo. Se trata de los que involucran a funcionarios públicos. Algunos ejemplos son los casos que con los años se ganaron una denominación particular: Las sillas del estadio, TIM 1, TIM 2 y Manizales Segura, entre otros.

Al ahondar en los honorarios Ríos Castaño señala que en ellos necesariamente hay que hacer valer la experiencia y la formación que se tengan.

De otro lado, reconoce que aunque calculó la complejidad de los procesos contra exfuncionarios que ha representado en algunos de los asuntos mencionados, de todas maneras se desfasó en cuanto al tiempo.

Otro profesional consultado por este medio, quien prefirió no ser mencionado, destacó que los honorarios cobrados por un proceso que dura hasta 10 años o más resulta poco.

Adquieren pólizas

Las pólizas que cubren los riesgos en el desarrollo de una actividad profesional son más conocidas en materia civil. Las adquieren, por ejemplo, ingenieros y médicos para cubrir su eventual responsabilidad en la ejecución de su labor.

En caso de verse inmersos en una demanda, lo que hacen es aplicar la figura del llamamiento en garantía para que la aseguradora suministre los servicios profesionales de un abogado.

En el área penal se ve también. Tanto Becerra Herrera como Ríos Castaño coinciden en que a ella recurren en mayor medida los funcionarios públicos. Opera de la misma manera. Tan pronto se inicia un proceso penal el adquirente del seguro llama en garantía a la aseguradora, que a su vez contrata al defensor.

También se pondera la experiencia y formación profesionales a la hora de fijar los honorarios.

El éxito en el proceso penal para el acusado equivale a una absolución. Por esta se puede pactar un bono adicional para el defensor.

“Las tablas nacionales no se ajustan a la realidad del litigio, por la cantidad de trabajo”. Juan Manuel Ríos Castaño.

Se mide en salarios

Las tablas de honorarios se fijan en salarios mínimos legales mensuales vigentes y especifica cuanto se puede cobrar por cada diligencia, asesoría, proyecto de escritura pública. En materia penal la más costosa dentro de la justicia ordinaria es la casación, por unos 30 salarios mínimos, según la que rige actualmente y publicada por Conalbos para los años 2019-2020. Sin embargo, este medio conoció este año el caso de un condenado quien señaló que el de menos le cobraba $60 millones, es decir, cerca de 70 salarios mínimos.

Costos de litigios superan las tablas fijadas (lapatria.com)