La excongresista condenada protagonizó una audiencia en la que pidió protección a Maduro. Análisis.
Dos de las casas políticas más importantes de la costa Caribe –los Char y los Gerlein– fueron acusadas desde Caracas (Venezuela) por la excongresista Aida Merlano de fraguar su fuga y orquestar un supuesto plan para asesinarla.
Frente a una juez de la República Bolivariana de Venezuela, vestida de chaqueta roja y pantalón negro, la política barranquillera le pidió a Nicolás Maduro llevar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendió su inocencia y lanzó dardos contra varios de los políticos más influyentes de Colombia.
“Que me ayuden, porque le tengo miedo a volver a mi país, en donde sé que posiblemente atenten o intenten nuevamente atentar contra mi vida como ya lo hicieron en repetidas ocasiones”, dijo Merlano en una audiencia informal, solicitada por ella misma, a la que de manera inusual para los opacos procedimientos judiciales venezolanos fue transmitida en directo.
Poco más de cuatro meses después de la cinematográfica fuga que el país conoció, que costó su puesto al exdirector del Inpec y dejó en entredicho los protocolos de seguridad con los cuales Merlano salió a una cita médica, la política condenada a 15 años por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas apareció reclamando que es inocente frente a un gobierno extranjero con el cual Colombia no tiene relaciones diplomáticas activas. Más aún, frente al cual el gobierno del presidente Duque ha desplegado una estrategia internacional de “cerco diplomático” con el objetivo de favorecer una transición política en el país vecino.
Tras las explosivas declaraciones de Merlano en Caracas, la justicia colombiana tiene el reto de decantar las acusaciones lanzadas por la excongresista y separar aquello que de entrada suena inverosímil de lo que puede ser cierto, pues se presume que efectivamente Merlano tiene en su poder información clave sobre el funcionamiento de empresas electorales ilícitas en la Costa.
En Colombia, Merlano ofreció contarle a la Fiscalía detalles del tejemaneje electoral de su región, sobre hechos que podrían ser delitos. Sin embargo, los funcionarios del ente investigador que se acercaron a la cárcel de El Buen Pastor para conocer esta información salieron siempre con las manos vacías. Mientras eso sucedía, el plan de fuga por el cual son investigados la hija de Merlano, Aída Victoria, y su odontólogo, Javier Guillermo Cely, ya estaría en marcha.
Aunque algunas de las denuncias hechas por Merlano resultan problemáticas –como suponer que efectivamente tras su fuga hubo un supuesto secuestro–, varios nombres mencionados por ella ya estaban en el radar de las autoridades colombianas, incluso, desde antes de que Merlano se descolgara de un segundo piso usando una soga roja.
Las autoridades colombianas ya tienen indicios de investigación, como lo demuestran las compulsas de copias ordenadas por la Corte en la condena en contra de la excongresista. Los magistrados pidieron que se investigue a 17 personas más. Entre estas, el senador Arturo Char, actual presidente de esa corporación en el Congreso; el representante Laureano Augusto Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballén y el empresario Julio Gerlein, quien fue pareja sentimental de Merlano y es acusado por ella de querer matarla.
Durante el proceso ante la Corte, Merlano negó que hubiera cometido delitos de corrupción electoral, al igual que lo hizo esta semana en Caracas. En cambio, aseguró al alto tribunal que la sede que tenía y en la que se hizo el allanamiento que llevó a su captura y posterior condena se había abierto de tiempo atrás para la campaña de Roberto Gerlein, quien duró 50 años en el Congreso, hasta el 2018.
Merlano aseguró que la actividad política del exsenador Gerlein era patrocinada por su hermano Julio, quien decidió que ella fuera su fórmula. Merlano también dijo que Julio Gerlein fue quien dio las instrucciones para firmar el contrato para arrendar la sede conocida como la ‘casa blanca’.
Según Merlano, “Julio era quien manejaba la sede y sabía de todo” lo que ocurría allí. Incluso dijo que Gerlein se encargaba de todo lo administrativos, así como de la logística y los gastos de campaña.
Por eso, que Merlano ya hubiera dado puntadas en Colombia de lo que ahora dice en Venezuela sugiere que el nuevo escenario es cada vez más político que jurídico.
La Fiscalía ya tiene indicios para considerar si abre o no investigaciones frente a estas declaraciones. Esto también queda demostrado en que hace más de un año, en noviembre del 2018, el ente investigador compulsó copias contra el hoy presidente del Senado a la Corte Suprema “para que determine si existe mérito para investigar al senador Arturo Char Chaljub, al tenor de la prueba obtenida que daría cuenta de su posible participación en la financiación de actividades que atentan contra la participación democrática”, informó en ese momento.
No obstante, en su declaración televisada en Caracas –en la que no se refirió a los hechos por los cuales fue capturada en Venezuela, y se limitó a pedir perdón por ingresar de forma ilegal al país–, Merlano aseguró tener videos, audios y documentos que prueban la responsabilidad de varias personas en la comisión de delitos. De ser cierto, podrían ser piezas claves para desentrañar la red criminal que funcionaba alrededor de la ‘casa blanca’.
Pero las trabas para que la Fiscalía y la Corte accedan a esas supuestas pruebas saltan a la vista.
Ya que no hay relaciones diplomáticas, se dificulta la cooperación judicial entre dos gobiernos que no se entienden. Así lo dejó entender en los últimos días el fiscal encargado, Fabio Espitia. Y la otra salida, que sería la extradición que la Corte pidió el viernes al Gobierno que inicie, tampoco tiene piso político. Horas después de que Merlano cayera recapturada en Maracaibo, el gobierno Duque dejó claro que la pediría al gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien carece de poder real ante las instituciones de su país.
Merlano supo aprovechar las diferencias políticas entre los países a su favor. Es tanto que al final de esta semana el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, dejó abierta la posibilidad de que su país estudie otorgarle a la excongresista el estatus de refugiada o asilada política. Asimismo, el régimen chavista la está usando para desprestigiar o por lo menos enlodar al Gobierno colombiano, el mismo por el cual ella dice sentirse en riesgo. Esto reafirma que el caso de Merlano pasó de ser un asunto judicial para convertirse en un reto político en el que quedan en medio las relaciones internacionales del país.
Por lo pronto, no hay una salida clara ni expedita ni para que Merlano vuelva a Colombia ni para que las pruebas que dice tener en su poder lleguen a manos de las autoridades del país. Por eso, los investigadores en el país tendrán que buscar otras rutas de investigación y recolección de material probatorio para determinar qué de lo que Merlano dice es cierto y qué no.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/analisis-por-que-el-caso-de-aida-merlano-se-politizo-en-venezuela-460334
No hay comentarios.:
Publicar un comentario