Inhabilidad para cargos de elección popular y más requisitos para ser magistrado, algunas propuestas
Con menos dientes que la reforma que el Congreso aprobó en el 2015, y cuya columna vertebral fue hundida por la Corte Constitucional poco después, el intento número 19 desde el 2002 para modificar la arquitectura del Poder Judicial en el país comenzó a ser socializado en el Congreso por el gobierno del presidente Iván Duque.
El borrador de proyecto recoge la propuesta del nuevo fiscal, Francisco Barbosa, de ampliar la inhabilidad de uno a 4 años para que el Fiscal General, el Procurador, el Contralor y los magistrados de las altas cortes puedan aspirar a un cargo de elección popular.
Esas inhabilidades, en todo caso, se aplicarían para los funcionarios elegidos en el futuro y no para los que ya están en sus cargos.
También cambia los requisitos para ser magistrado de alta corte, pues pone una edad mínima de 50 años y aumenta su periodo constitucional a 12 años. A la vez, abriría el sistema de elección en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, al establecer una convocatoria pública de la que saldrían, a su vez, los aspirantes que serían elegidos por esas mismas corporaciones bajo el actual sistema de cooptación.
Pero para evitar que las elecciones internas se dilaten indefinidamente y pongan en riesgo el funcionamiento de los mismos tribunales, como pasa hoy con la Corte Suprema, se establecería que en los reglamentos internos se regulen expresamente “la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir los magistrados que conformen la respectiva corporación”.
El proyecto plantea dos opciones para modificar la actual composición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Así, una opción sería bajar de seis a cinco su número de integrantes y reducir su periodo fijo a 4 años, que podrían ser prorrogados hasta en dos oportunidades. Las segunda opción sería una sala de 6 miembros elegidos por las altas cortes y que estarían 8 años en el cargo.
Esa Sala perdería la función que tiene hoy de presentar, luego de concurso, las listas de aspirantes a la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Otro cambio clave frente a lo que funciona hoy se daría con la elección del Procurador General, que si bien seguiría siendo elegido por el Senado, no provendría, como hoy, de ternas enviadas por Presidencia y las cortes, sino de una convocatoria pública.
También les quitaría a las cortes la elección de Auditor General, cuya función es controlar a la Contraloría, que pasaría a manos del Congreso, tras convocatoria pública.
La Corte Constitucional debe conservar su autonomía e independencia para resolver esos conflictos
No obstante, las cortes seguirían con la elección de Registrador –que tradicionalmente ha enfrentado polémicas por el carácter eminentemente político del cargo– y, puntualmente, la Suprema seguiría con la elección del Fiscal General, de terna enviada por el Presidente.
La propuesta del Gobierno no plantea ningún cambio frente al sistema de investigación y juzgamiento de los altos magistrados, el Fiscal General y el Presidente de la República, que por lo tanto seguirá en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara. Esa función sí había sido modificada por la reforma del equilibrio de poderes, que creó un tribunal de aforados con claras funciones judiciales, pero la figura se cayó en el control de la Corte Constitucional.
El texto tampoco menciona la situación de interinidad que persiste en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que fue eliminada formalmente en el 2015,
Se recogieron las opiniones, y en las que más hubo coincidencias, esas fueron las que se resumieron en el documento, que aún no es el definitivo, sobre la reforma
De otro lado, solo dos de los capítulos de la propuesta tocarían directamente al ciudadano de a pie. El primer artículo revive la posibilidad de que los notarios, árbitros y conciliadores puedan recibir, de manera extraordinaria, facultades judiciales para resolver procesos no complejos y de esta manera lograr una mayor descongestión en el sistema judicial.
Un segundo punto es mantener el precedente judicial, de manera que los jueces tengan que considerar, en sus decisiones, las líneas marcadas en casos similares por las altas cortes.
En ese punto, el proyecto abre la discusión sobre el precedente en materia de tutelas contra sentencias, y se anticipan polémicas porque esto se abriría por fuera de la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre de las tutelas.
En todo caso, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó ayer que este es un borrador y que “nada es inamovible” , y por otro lado, que este sería el primer paso para la reforma, pero además presentarán una ley estatutaria en la que se incluirían más explícitamente varios aspectos, incluidas medidas que acercan más la justicia a los ciudadanos.
‘Es un borrador en el que no hay inamovibles’: Ministra de Justicia
Cabello fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2016 hasta enero de 2017, y llegó al Ministerio de Justicia en junio de 2019.
Foto:
Abel Cárdenas / EL TIEMPO
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que el año pasado escuchó a los diferentes interesados para poder construir su propuesta.
“Se recogieron las opiniones, y en las que más hubo coincidencias, esas fueron las que se resumieron en el documento, que aún no es el definitivo, sobre la reforma”, afirmó la ministra, quien dijo que en el borrador “no hay inamovibles” y todo está sujeto a cambios. Así, dijo, el proyecto puede modificarse según las opiniones que lleguen del Congreso, cortes, academia, sindicatos y ciudadanos.
Por ejemplo, dijo que la mayoría quería una edad alta para ser magistrado, pero no se descarta escuchar otras voces que quieren que jóvenes lleguen a estos cargos. Añadió que una novedad del proyecto es que establece un presupuesto específico para la Rama Judicial, algo que hoy depende del Ministerio de Hacienda.
Cabello fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2016 hasta enero de 2017, y llegó al Ministerio de Justicia en junio de 2019.
Foto:
Abel Cárdenas / EL TIEMPO
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que el año pasado escuchó a los diferentes interesados para poder construir su propuesta.
“Se recogieron las opiniones, y en las que más hubo coincidencias, esas fueron las que se resumieron en el documento, que aún no es el definitivo, sobre la reforma”, afirmó la ministra, quien dijo que en el borrador “no hay inamovibles” y todo está sujeto a cambios. Así, dijo, el proyecto puede modificarse según las opiniones que lleguen del Congreso, cortes, academia, sindicatos y ciudadanos.
Por ejemplo, dijo que la mayoría quería una edad alta para ser magistrado, pero no se descarta escuchar otras voces que quieren que jóvenes lleguen a estos cargos. Añadió que una novedad del proyecto es que establece un presupuesto específico para la Rama Judicial, algo que hoy depende del Ministerio de Hacienda.
Borrador no termina de convencer a expertos
Con el fin de sentar una posición oficial, los magistrados de las altas cortes –Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado– están evaluando el borrador de la reforma de la justicia, iniciativa que toca más asuntos de esas altas esferas que de la justicia del día a día.
Aunque EL TIEMPO consultó a los magistrados de los alto tribunales, ninguno quiso pronunciarse por ahora, ya que quieren primero analizar en sus respectivas salas plenas los cambios que traería la reforma.
Los que sí se pronunciaron fueron expertos que hicieron algunas observaciones. Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, aseguró que lo que dice la reforma sobre el precedente judicial y la manera como se resolverían las tutelas contra providencias de las altas cortes no va a resolver el problema de eventuales choques de trenes. “Es casi como crear una corte más pequeña para que resuelva los conflictos entre las cortes”, dijo Yepes.
Es casi como crear una corte más pequeña para que resuelva los conflictos entre las cortes
En ese mismo sentido se pronunció el exmagistrado Ricardo Calvete, para quien este es un mecanismo inútil porque la “Corte Constitucional debe conservar su autonomía e independencia para resolver esos conflictos”.
Calvete, en cambio, sí ve con buenos ojos la inhabilidad hasta por cuatro años para ejercer cargos de elección popular para exmagistrados, jefes de organismos de control, entre otros. “La justicia no debe ser usada como un escalón para luego salir a hacer política. Eso le quita credibilidad”, dijo.
Por otro lado, Yepes criticó que el proyecto no toque a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, “que desde hace años viene con tantos problemas”. Sin embargo, le parece acertado que el periodo de los magistrados sea de 12 años y que lleguen a las altas cortes cuando tengan 50 años.
Sobre el periodo, Calvete sostiene que está de acuerdo con cualquier reforma que aumente el tiempo de los magistrados en la Corte, ya que esto “les da una mayor estabilidad a estas corporaciones, sirve para preservar la jurisprudencia y mantener líneas de pensamiento”.
El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, afirma que ve con preocupación que la reforma proponga que los notarios y árbitros puedan mediar en algunos asuntos jurisdiccionales. “Esto es apostarle a la privatización de la justicia”, dijo.
En materia del precedente judicial, Machado expresa que aunque el proyecto busca apostarle a la seguridad jurídica, esto podría ir en contra de la autonomía de los jueces. “Un juez que siempre está pegadito al precedente es como una máquina”, dijo.
Por otro lado, considera que el presupuesto para la justicia sigue siendo bajo, ya que, a su juicio, “el Poder Judicial debería tener recursos equivalentes a los de los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo”.Finalmente, Machado critica que quienes elijan a los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura sean las altas cortes y que no tengan en cuenta a los jueces.
Con el fin de sentar una posición oficial, los magistrados de las altas cortes –Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado– están evaluando el borrador de la reforma de la justicia, iniciativa que toca más asuntos de esas altas esferas que de la justicia del día a día.
Aunque EL TIEMPO consultó a los magistrados de los alto tribunales, ninguno quiso pronunciarse por ahora, ya que quieren primero analizar en sus respectivas salas plenas los cambios que traería la reforma.
Los que sí se pronunciaron fueron expertos que hicieron algunas observaciones. Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado, aseguró que lo que dice la reforma sobre el precedente judicial y la manera como se resolverían las tutelas contra providencias de las altas cortes no va a resolver el problema de eventuales choques de trenes. “Es casi como crear una corte más pequeña para que resuelva los conflictos entre las cortes”, dijo Yepes.
Es casi como crear una corte más pequeña para que resuelva los conflictos entre las cortes
En ese mismo sentido se pronunció el exmagistrado Ricardo Calvete, para quien este es un mecanismo inútil porque la “Corte Constitucional debe conservar su autonomía e independencia para resolver esos conflictos”.
Calvete, en cambio, sí ve con buenos ojos la inhabilidad hasta por cuatro años para ejercer cargos de elección popular para exmagistrados, jefes de organismos de control, entre otros. “La justicia no debe ser usada como un escalón para luego salir a hacer política. Eso le quita credibilidad”, dijo.
Por otro lado, Yepes criticó que el proyecto no toque a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, “que desde hace años viene con tantos problemas”. Sin embargo, le parece acertado que el periodo de los magistrados sea de 12 años y que lleguen a las altas cortes cuando tengan 50 años.
Sobre el periodo, Calvete sostiene que está de acuerdo con cualquier reforma que aumente el tiempo de los magistrados en la Corte, ya que esto “les da una mayor estabilidad a estas corporaciones, sirve para preservar la jurisprudencia y mantener líneas de pensamiento”.
El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, afirma que ve con preocupación que la reforma proponga que los notarios y árbitros puedan mediar en algunos asuntos jurisdiccionales. “Esto es apostarle a la privatización de la justicia”, dijo.
En materia del precedente judicial, Machado expresa que aunque el proyecto busca apostarle a la seguridad jurídica, esto podría ir en contra de la autonomía de los jueces. “Un juez que siempre está pegadito al precedente es como una máquina”, dijo.
Por otro lado, considera que el presupuesto para la justicia sigue siendo bajo, ya que, a su juicio, “el Poder Judicial debería tener recursos equivalentes a los de los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo”.Finalmente, Machado critica que quienes elijan a los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura sean las altas cortes y que no tengan en cuenta a los jueces.
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/que-trae-el-borrador-del-nuevo-de-reforma-a-la-justicia-en-colombia-464110
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