No existe una regulación para poder penalizar la obsolescencia programada en el país

Las grandes industrias desarrollan diferentes tipos de tecnologías para que los productos en un determinado tiempo bajen su rendimiento
Hoy en día, es muy común ver cómo la gran mayoría de productos de nuestra casa empiezan a fallar. Desde la bombilla hasta la nevera y los celulares, cada objeto tiene su ciclo de vida. Sin embargo, esto ocurre por un mal utilizado por las empresas como la denominada obsolescencia programada.

La obsolescencia se refiere a la determinación deliberada por un fabricante del fin de la vida útil de un producto. Eso quiere decir que las grandes industrias desarrollan tecnologías para que los productos en un determinado tiempo bajen su rendimiento, hasta que dejan de funcionar y crean la necesidad del consumidor de comprar uno nuevo.



“Esto afecta a los consumidores desde una perspectiva obvia, y es la falta de información en su decisión de consumo. Si las tuvieran el conocimiento anterior a la adquisición de un producto, cual es la vida útil que se estima, puede tener, posiblemente cambiarían su decisión de compra por otro más longevo aun cuando sea más costoso”, aseguró el abogado penalista Alejandro Mejía.

Y es que el problema no solo afecta al consumidor y su bolsillo, sino que la generación constante de productos eléctricos, electrónicos o informáticos afecta al medio ambiente por la explotación incontrolada de materias primas, consumo energético que proviene mayormente de combustibles fósiles y generación de residuos.

En 2018, el mundo generó alrededor de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, según un informe de la ONU (Organización de Naciones Unidas).

Actualmente, no existe una ley que regule el tema de la obsolescencia en Colombia, por lo que diferentes empresas siguen infiriendo en los mismos abusos frente al consumidor. “Se ha escrito muy poco sobre el fenómeno, y la legislación actualmente es nula. Tengo conocimiento de la existencia de una acción popular en contra de Apple en la que una colectividad reclama la violación de sus derechos, en una especie de class action, pero no hay un fallo aún”, afirmo Mejía.

El caso al que se refiere fue el de la demanda del abogado colombiano Camilo Araque a la empresa Apple, donde se le acusa de no haber informado a sus clientes en 2017, que al corregir las fallas del software de los Iphone 6 podía volver más lento las aplicaciones.

“Yo creo que lo primero debería hacer es regularizase. Luego, ofrecer servicios a los productores los cuales puedan promover y que les den beneficios a los productores”, dijo el abogado Juan Camilo Mendoza.

Actualmente, solo Francia tiene una regulación, en la cual incorporó esta conducta como un delito que tiene penas de prisión de dos años, y multas individuales.

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