Luis Fernando Macías, de PPU; Álvaro José Rodríguez, de Posse Herrera Ruiz; Juan Manuel Sabogal, de Muñoz Tamayo & Asociados; Lina Uribe, de Gómez-Pinzón; y José Vicente Zapata, de Holland & Knight
El ranking incluyó por primera vez en su medición anual esta categoría, en la que destacó la labor de 10 bufetes de abogados
La última edición del ranking de The Legal 500 incluyó por primera vez nuevas áreas de práctica como es el caso del derecho ambiental, el mercado de capitales, life sciences y public law.
En el área ambiental, la publicación internacional destacó la labor de 10 firmas. En Tier Uno, la más alta, figuraron Gómez-Pinzón Abogados, Holland & Knight, Muñoz Tamayo & Asociados y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En el segundo Tier se ubicaron Brigard Urrutia y Posse Herrera Ruiz, mientras que recibieron la categoría de Tier tres Araújo Ibarra Consultores Internacionales, Baker McKenzie, Palacios Lleras y Pinilla González & Prieto Abogados.
Adicionalmente, The Legal 500 destacó a cinco profesionales como líderes en esta área y cada uno de ellos, en diálogo con AL, explicó cuáles son los principales retos que enfrenta la práctica en este momento.
Para Luis Fernando Macías, socio de PPU, uno de los retos tiene que ver con la seguridad jurídica, “representada en la ausencia de rigor jurídico en la gestión ambiental, prima lo técnico, la conveniencia y lo económico sobre el derecho”.
En una línea similar, se expresaron Álvaro José Rodríguez, socio de Posse Herrera Ruiz, y José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight. Para el primero, el desafío más grande en este momento es ayudar a los clientes a tomar decisiones de inversión correctas “considerando la distancia cada vez mayor que parece existir entre la regulación que emite el Gobierno y las interpretaciones que de ella hace la rama judicial”.
Por su parte, Zapata resaltó la necesidad de acoplar de forma adecuada el desarrollo jurisprudencial con la normatividad vigente y señaló que es importante “aprender a manejar la noción de desarrollo sostenible en un contexto en el que los temas ambientales son transversales a varios sectores”. Además, dijo que otro gran desafío es “manejar una interpretación normativa acorde con la intención de la norma frente a una realidad socioambiental que genera presión para el sector”.
A tono con lo anterior, Juan Manuel Sabogal, socio de Muñoz Tamayo & Asociados, señaló que una dificultad actual es la morosidad en las decisiones judiciales en temas en los que las normas son interpretables en ambos sentidos. “Lo único que daría claridad de interpretación sería que hubiera sentencias judiciales, pero los procesos se siguen demorando eternamente”. Como reto adicional, mencionó la diversidad de criterios interpretativos que manejan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en cada jurisdicción sobre una misma norma.
En cambio, para Lina Uribe, socia de Gómez-Pinzón Abogados, el desafío más apremiante en este momento tiene que ver con la poca prioridad que se está dando al tema ambiental en el marco de la reactivación.
“Históricamente, el cumplimiento ambiental ha sido percibido como un gasto y no es visto como una prioridad o una inversión. Nuestro reto consiste en concientizar a las empresas de la importancia de considerar lo ambiental en sus ya apretados presupuestos y en el acompañamiento en la reactivación de las actividades”, dijo Uribe.
Además de estos cinco profesionales, The Legal 500 mencionó a Natalia Núñez, de Pinilla González & Prieto Abogados, en la categoría de “socios de la próxima generación”.
También fueron mencionados seis abogados de cinco despachos en la categoría de “estrellas nacientes” (ver gráfico), que resalta a las promesas de cada área de práctica.
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