viernes, 24 de julio de 2020

Qué tal que declararan ilegal el teletrabajo?

La Corte Constitucional abrió una “caja de Pandora” con su apretada decisión de declarar las sesiones virtuales del Congreso inexequibles, un debate urgente en tiempos digitales

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del pasado 28 de marzo, mediante el cual se ejecutaba la directriz gubernamental de hacer reuniones no presenciales en los órganos colegiados de todas las ramas del Poder Público. Para el alto tribunal: “sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del Poder Público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva.

En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado (...) Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación.

Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios (...) Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganos colegiados de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento (...) Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Dicho de otra manera, la Corte aclara que se pronuncia “sin perjuicio de las garantías sobre la salud y especial protección de todas las personas que integran el Congreso y su cuerpo de funcionarios y empleados”. Clave sustentar que la sentencia impacta el futuro, no lo hecho en los últimos meses de la cuarentena, por lo que todo queda igual, pero no se podrá repetir. Es decir, las decisiones virtuales tomadas por el Senado y la Cámara al amparo del artículo 12 no se echan para atrás.

Muchas cosas de alto impacto para la economía quedan en firme como son la Ley de habeas data, la iniciativa de los plazos justos, los pliegos tipo, el proyecto que busca pasar a los “cincuentones” a Colpensiones, entre otras, pero lo que más generará crispación es la reforma a la Constitución que implanta la cadena perpetua que se hizo en plena virtualidad.

La Corte es la Corte y como buen Estado de derecho hay que respetar su saber y entender, sin importar que fuese una decisión muy apretada, 5 a 4. Lo que sí genera un filón de interpretaciones es que la justicia se debe modernizar cuanto antes para que cosas como el telestudio, la telemedicina o el teletrabajo tengan un marco legal muy sólido; no se puede imaginar que la junta directiva de una empresa simplemente manifieste que el trabajo desde la casa no es trabajo real, al tiempo que no puede ser objeto de retribución salarial.

Un poco exagerado, pero es una figura que puede ayudar a entender lo que ha pasado con las sesiones virtuales o trabajo remoto del Congreso, que simplemente ha sido declarado inconstitucional. Lo paradójico del tema es que la Corte tomó la trascendental decisión en una sala virtual; es evidente que debemos apurar la cuarta revolución industrial del Poder Legislativo.


jueves, 23 de julio de 2020

La Dirección Nacional de Derecho de Autor reanuda los términos de los procesos


La directora general informó que la medida se realizará de forma gradual y progresiva mediante la Resolución 101 del 26 de junio

La directora general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Dnda), Carolina Romero Romero, anunció que reanudará los términos legales de algunas de las actuaciones jurisdiccionales que se tramitan ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la entidad, a excepción de los que cuentan con cuadernos reservados.

"Estos últimos seguirán suspendidos hasta el 31 de agosto de 2020 salvo que sea levantada con anterioridad la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, caso en el cual sus términos se reanudarán el día hábil siguiente a la fecha en que la emergencia pierda vigencia", señaló la Dnda.

Además, la Dirección explicó que la medida se realizará mediante la Resolución 101 del 26 de junio de 2020 con la que se modifican algunas de las medidas de la Resolución 068 de 2020 y se deroga el numeral primero de la Resolución 076 de 2020.


miércoles, 22 de julio de 2020

Dónde hacer firmas digitales para tus documentos?

En plataformas como ‘Mi Firma’ se puede generar una firma digital con validez jurídica y firmar los documentos desde casa.

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¿Has tenido que salir de casa a firmar un contrato laboral en medio de la pandemia? Para no tener que imprimir, escanear y movilizarte, no exponerte a un contagio y poder firmar documentos de manera segura y efectiva están las firmas digitales.

La entidad Olimpia IT lanzó ‘Mi Firma’, plataforma en Colombia dirigida a ciudadanos para firmar digitalmente con validez jurídica desde cualquier lugar. Con esta podrás firmar documentos; custodiar documentos y tu firma; compartir tu firma y registrar tu historial de documentos en la plataforma.

Esta firma podrá ser usada solo por colombianos mayores de 18 años, que corresponden, según el Dane, a 37.118.755 personas.

Se espera apoyar y “reactivar la economía, además, de poder firmar contratos laborales o con proveedores, promesas de compraventa y entre otros, esto sin tener que desplazarnos y contando con plena validez jurídica”, afirmó Daniel Medina, CEO de Olimpia IT.

La firma digital, que hace parte de las firmas electrónicas, no significa que tu firma manuscrita quedará plasmada en todos los documentos. Al firmar, se generará un sello o ‘comprobante’ de que la firma es auténtica y que los datos están protegidos.

¿Qué tan segura es esta opción de firma?

“Olimpia IT es una entidad de certificación digital aprobada en Colombia y el paso más significativo de la plataforma es promover esa transformación digital de los ciudadanos con una tecnología que esté a su favor”, añadió Medina.

Inicialmente, se podrán hacer firmar documentos de ‘persona a persona’. Pero el CEO de la entidad afirmó estar preparándose para lanzar la opción a representantes legales o de ‘negocio a negocio’.


Documentos que se pueden firmar digitalmente

En la opción para firmar documentos de ‘persona a persona’, se permite firmar:

● Contratos de arrendamiento

● Títulos valores

● Contratos laborales

● Matrículas

● Cuentas de cobro para independientes

● Presentación de una oferta a sobre cerrado


No confundas tu firma escrita con la digital

En el caso de ‘Mi Firma’, tendrás la posibilidad de dibujar un grafo manuscrito, esto para generar la idea o percepción de que el documento está pactado. La firma digital se genera oficialmente con un sello.

De acuerdo con Medina, “las personas a menudo creen que la firma digital es incluir una imagen escaneada de su firma en un documento, pero esto en realidad no tiene validez jurídica y por el contrario genera riesgos. Una verdadera firma digital es un conjunto de datos numéricos que permiten verificar al autor del mensaje, al mensaje mismo y confirmar que este no ha sido modificado o alterado desde que se suscribió”.

¿Cómo utilizar la plataforma?

Los colombianos solo deberán ingresar a www.mifirma.co, donde contarán, gratuitamente, con el uso de cinco firmas.

Solo será necesario registrarse y seguir las instrucciones de la plataforma, que puede utilizarse desde el celular o computador. Además de poder incluir un grafo manuscrito, la plataforma tecnológica te otorgará un certificado digital que podrás usar para firmar cualquier documento.

Si lo deseas y lo requieres, podrás adquirir un plan para obtener más firmas con ‘Mi Firma’.


martes, 21 de julio de 2020

Qué debo hacer en caso de cobro excesivo de servicios públicos?

De la mano de un abogado experto, resolvemos esta y otras preguntas de su interés.

En vivo: ¿qué debo hacer en caso de de cobro excesivo de servicios públicos?En alianza con la Universidad Libre, el Consultorio Jurídico da respuesta a las inquietudes sobre cobro excesivo en las facturas de servicios públicos en tiempos la emergencia sanitaria por coronavirus.

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarle a los usuarios asesoría legal sobre distintos temas con los expertos de la Facultad de Derecho

En esta entrega de Consultorio Jurídico le brindamos asesoría legal sobre los cobros excesivos en el valor de los servicios públicos, especialmente desde que inició la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional desde abril de este año. Al final del artículo encontrará el formulario en el que puede dejar su pregunta sobre este y otros temas.¿Qué debo hacer en caso de cobro excesivo de servicios públicos?

Ante el cobro excesivo en los servicios públicos domiciliarios, los usuarios residenciales o comerciales deben presentar reclamación ante la empresa prestadora del servicio dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de expedición de la factura en la cual se realizó el cobro exagerado, teniendo en cuenta el aumento comparándolo con el promedio facturado en los tres últimos periodos, si la facturación es bimestral o de los seis meses anteriores, si la facturación es mensual. 

Para evitar que sea suspendido el servicio público domiciliario, el usuario debe cancelar el valor del promedio que habitualmente cancelaba y quedará en estudio o análisis la diferencia facturada en exceso, por lo que ninguna empresa debe obligar al pago total de la facturación para dar trámite a una reclamación, solamente se encuentran autorizadas legalmente a cobrar el valor de acuerdo al consumo promedio del predio o de la cuenta. 

Para presentar la reclamación o queja el usuario debe utilizar los canales ahora establecidos por las empresas, que en su gran mayoría es por línea telefónica o por la página web ingresando al link de peticiones, quejas y reclamos – PQR y la empresa tendrá que dar respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la PQR, so pena de que opere el silencio a favor del usuario, esto es, que se entienda que la reclamación fue favorable al peticionario.


lunes, 20 de julio de 2020

Infracciones en las que habría incurrido el fiscal Barbosa por su viaje a San Andrés


La denuncia radicada por el representante Mauricio Toro es por la presunción del uso indebido de los bienes del Estado en el viaje

Después de varios días en los que se ha cuestionado al Fiscal General y el viaje que realizó el pasado puente festivo a la isla de San Andrés junto a su mujer, su hija y una amiga supuestamente para realizar labores de vigilancia en medio de la cuarentena, Barbosa se defendió ante la opinión pública.

“Sobre el tema que se ha planteado sobre paseos, yo jamás expondría a mi hija a una situación de peligro sanitario. No hay restaurantes, no hay playas, no hay comercio abierto”, explicó el Fiscal en rueda de prensa.

Sin embargo, el representante a la Cámara Mauricio Toro radicó una denuncia en la Comisión de Acusación para que se investigue si hubo faltas disciplinarias o penales por el viaje que realizó.

“Siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi familia lo haré. No existe prohibición legal ni constitucional alguna”. Y agregó: “una vez que mi hija me comunicó que quería viajar conmigo, yo solicité los permisos pertinentes”, indicó Barbosa.

Por ahora, la Comisión deberá designar a un representante que sepa del caso y que deberá definir si hay mérito o no para abrir una investigación formal.


IVÁN CANCINOABOGADO PENALISTA

“El Fiscal tiene competencia a nivel nacional y cuando uno tiene un hijo menor no lo puede dejar solo en la casa. Yo no considero que exista una violación a la cuarentena ni uso indebido de los recursos”.

De acuerdo con Alejandro Mejía, socio y director del área de derecho penal corporativo & compliance de la firma Cáez Muñoz Mejía Abogados, la denuncia que se radicó ante la comisión es por peculado de acuerdo con el artículo 393 del Código Penal debido a que en teoría como servidor público no debió facilitar el uso del avión para sus familiares.

“Lo que se entiende como una infracción del viaje no es en si el viaje del Fiscal, sino el hecho de que sus familiares hayan usado un bien que está dispuesto exclusivamente para el servicio de los servidores públicos, como es el avión de la Policía Nacional. “En el art. 398 del Código Penal se habla de peculado por uso”, explicó Mejía.

Adicionalmente, el Fiscal también se refirió a que se ha hablado de quién sufragó los gastos del viaje, por lo que va a presentarlos y sustentará cada uno de ellos.

Además, sostuvo que si bien respeta la postura del congresista no incurrió en ninguna irregularidad, ya que su hija no salió en ningún momento del hotel en el que se encontraban, mientras que sus desplazamientos se hicieron en el marco del Decreto 749 de este año que permite los traslados de funcionarios públicos para cumplir sus labores.


domingo, 19 de julio de 2020

Derechos laborales inviolables cuando trabajas en casa

La conservación del empleo debe ir de la mano de condiciones básicas de trabajo para los empleados que laboran en casa. Ante una anomalía, debes hacer valer tus derechos.

La disminución de jornada laboral se puede acordar entre empleador y empleado. 

Durante la pandemia del covid-19, el trabajo en casa se ha convertido en el escenario común de muchos colombianos. Sin embargo, no debe ser motivo para que te desconozcan tus derechos como trabajador.

“Debemos partir del hecho de que los derechos constitucionales y legales que se encuentran en cabeza de todo trabajador en Colombia, mantienen pleno alcance y aplicación en el trabajo en casa dentro del contexto de la pandemia”, le explicó a elempleo.com Jorge Palacio, abogado asociado de Barrera Palacio Abogados.

Teniendo en cuenta que la modalidad de trabajo en casa crece por la crisis de pandemia, de manera urgente y fortuita, se deben pactar condiciones, límites y horarios justos entre empleador y empleados.

De hecho, el Ministerio del Trabajo emitió la circular número 041, dirigida a trabajadores, empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales, la cual detalla los lineamientos básicos sobre el trabajo en casa para un correcto desarrollo.

Antes, se debe aclarar que la opción de trabajar en casa parte de la prevención de contagio que muchas empresas han tomado, es decir, una medida temporal y extraordinaria. No se equipara al teletrabajo, pues esta modalidad funciona bajo otras circunstancias y condiciones reglamentadas.

En la relación laboral, “los empleadores deben garantizar la dignidad humana del trabajador, igualdad de trato en cuanto al acceso a la información, derecho a la intimidad y privacidad de la persona que trabaja desde casa”, se dicta en la circular citada de Mintrabajo.

La jornada laboral no se puede exceder de lo acordado

Así, el primer derecho esencial corresponde a la jornada laboral. En este aspecto se deben acordar los turnos correspondientes y no abusar de la confianza en los equipos de trabajo ni de las tecnologías de la comunicación, contando con la fusión entre la dinámica familiar y laboral.

La jornada máxima legal es de ocho (8) horas diarias y 48 horas semanales, señala el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cualquier caso, “en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdos entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras”.

No permitir el acoso laboral fuera de las horas de trabajo

Se debe recordar que exigirle a un empleado que desarrolle funciones en “horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa” puede ser considerado como acoso laboral, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006.

Cambios en los turnos de trabajo

Según el experto consultado por el elempleo.com, “no necesariamente debe aplicarse la misma jornada del trabajo presencial; de hecho, la dinámica de familias con hijos menores estudiando virtualmente, madres y padres cabeza de familia y trabajadores con personas a cargo en alto riesgo, claman la necesidad de ajustar los horarios a la nueva normalidad”.

Cambio de actividades y funciones durante el trabajo en casa

Por otra parte, en la circular citada se previene que quienes trabajan desde casa realizarán sus actividades de manera similar y en línea a las que desarrollaban habitualmente. Si se ejecutan funciones diferentes a las asignadas en el contrato, se deberá mediar mutuo acuerdo entre las partes.

Reducción de salario debe ser pactada

En cuanto a una reducción salarial, en medio de la pandemia, los acuerdos de disminución de salario están avalados, siempre y cuando sean aceptados entre las dos partes, pues la situación permite realizar una revisión de las condiciones del contrato de trabajo.

“Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica”, comprende el artículo 50 del CST.

La salud del empleado siempre debe ser un elemento importante en el desarrollo de sus actividades, mucho más en la coyuntura que vive el país.

Cuidado de la salud del trabajador

De la mano de la ARL asignada, el empleador debe realizar un reconocimiento esencial y virtual de las condiciones de trabajo de la persona en casa, suministrar las herramientas e información para el cuidado de la salud física y psicosocial del trabajador.

Frente al coronavirus, el empleado también puede recibir instrucciones sobre prevención y verificación frecuente sobre su estado de salud.

“Algunos empleadores, después de tres meses, ni siquiera han dado aviso a su ARL, ni han realizado una verificación mínima de las condiciones de trabajo en que las que el colaborador desarrolla sus actividades. Esta situación, sumada a la nueva dinámica familiar del confinamiento, hace que la vida laboral y la personal se confundan de manera peligrosa”, concluye Palacio.


sábado, 18 de julio de 2020

La Corte Constitucional declaró exequibles 25 de los decretos de la Emergencia


La corporación tiene que analizar 116 normas que fueron expedidas en el marco de las dos declaratoria de emergencia del Gobierno

A partir de la avalancha de decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de las dos declaratorias de Emergencia, la Corte Constitucional decide ahora sobre la idoneidad de cada uno de ellos. De acuerdo con información de la Alta Corte, de los 116 que tiene bajo su control, faltan por analizar 61%, es decir, que tan solo han sido debatidos 45.

Cabe resaltar, que la Corte debe analizar cada uno de los artículos de los decretos y determinar si son exequibles, es decir, dar una sentencia que manifiesta que la ley es acorde a la Constitución; o inexequibles, que es cuando se decide expulsar del ordenamiento jurídico al artículo por no estar conforme a la carta magna.

De esta manera, se resalta que hasta la fecha se han declarado exequibles 25 decretos de la primera tanda de la Emergencia Económica, 18 de ellos han sido declarados inexequibles en algunos de sus artículos y dentro de estos hay otros dos que han sido declarados inconstitucionales.


Hernán Olano, constitucionalista y vicerrector de la Universidad La Gran Colombia explicó que dentro del juicio de constitucionalidad, tanto de los procesos ordinarios, como los de revisión oficiosa que cumple para decretos legislativos, siempre tiene en cuenta el carácter dinámico de la Constitución.

“La actuación de la Corte en el caso de decretos legislativos se basa en que exista identidad entre las motivaciones que fundamentaron la expedición de la norma y el juicio de constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por la Corte. Siempre es un juego de pesos y contrapesos, buscando un equilibrio que únicamente beneficie a la sociedad”, indicó Olano.

Uno de esos decretos que se declararon exequibles y que ha generado una polémica en los últimos días fue el 444 de marzo de 2020, con el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencia (Fome) debido a que dos de los magistrados no estaban de acuerdo con la decisión tras considerar que ciertos artículos iban en contra de la Constitución.


JUAN MANUEL CHARRYABOGADO CONSTITUCIONALISTA

“La Corte analiza aspectos formales y materiales de todos los secretos. Estos últimos son que tenga una relación directa con los hechos y sea destinado a conjurar la crisis”.


HERNÁN OLANOVICERRECTOR DE LA U. GRAN COLOMBIA

“La Corte dentro del juicio de constitucionalidad tiene en cuenta el carácter dinámico de la Constitución y el entender su interpretación como un texto viviente”.

De acuerdo con los magistrados Cristina Pardo y Alberto Rojas Ríos se violaba el artículo 48 de la Constitución Política, que establece una clara limitación con respecto a que no se podrá destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad sociales para fines diferentes a ellas, ya que el Decreto toma recursos a modo de préstamo del Fondo de Pensiones de la Entidades Territoriales (Fonpet).

Respecto a ello, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, dijo que la Corte declaró este Decreto 444 constitucional luego de que examinó que los requisitos de forma cumplían con lo requerido, y consideró que era viable crear el fondo de mitigación y que este tomará prestados recursos de los fondos de acciones territoriales.

“La mayoría consideró que tomarlos en préstamo y dar en garantías pagarés a la Nación era viable, ya que igual los recursos mantienen su destinación específica solo que han sido invertidos o tomados temporalmente por el Gobierno Nacional”, indicó Charry.

Otros de los decretos que fueron declarados exequibles fueron algunos como el 417 por el que se declaró el primer Estado de Emergencia; el 434 por el que se dan plazos especiales para la renovación en la matrícula mercantil y demás registros que integran el Registro Único Empresarial y las exenciones transitorias del IVA para ciertos productos médicos y clínicos.

También, otro de gran importancia fue el Decreto 517, que permitió el pago diferido de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible para usuarios de los estratos 1 y 2, además del 561 que buscó la destinación de recursos económicos para contribuir a la subsistencia de los artistas, creadores y gestores culturales, que demuestren su estado de vulnerabilidad.

Por otro lado, de los 17 decretos de Emergencia Económica que tienen algunos de sus artículos declarados como inexequibles encontramos el 519, el cual presentó la magistrada Gloria Stella Ortiz. A través de este se hace una adición de más de $15 billones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020.

El Decreto se declaró exequible en los artículos 1, 2, 6 y 7, mientras que se declaró inexequible en el 3, 4 y 5 por no haber superado el juicio de necesidad, ya que podían haber sido expedidos por el Presidente en uso de sus facultades ordinarias.

Así mismo, ocurrió con el Decreto 572, en el que se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la Emergencia Económica, ya que los magistrados determinaron que los artículos 3, 4 y 5 eran inexequibles por no superar el presupuesto de necesidad jurídica y por poderse expedir en las facultades ordinarias.

Otros que aparecieron en la lista de inexequibles en algunos de sus artículos son el 441, que permitió el acceso a agua potable y la reconexión del servicio de agua a suscriptores residenciales suspendidos; el 460 en el que se adoptaron medidas para garantizar la prestación del servicio de las comisarías de familia; y el 461, donde se daba autorización temporal a gobernadores y alcaldes para reorientación de rentas y reducción de tarifas de impuestos territoriales, entre otros.

También, la Corte decidió declarar inconstitucional dos decretos, el primero fue el 487, por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, ya que de acuerdo con el tribunal la norma genera una restricción desproporcionada a los derechos al debido proceso y a la libertad de personas requeridas en extradición, además de que desconoce la importancia de los compromisos internacionales en materia de cooperación judicial.

El otro decreto que no se adecúa a la Constitución fue el 567 con el que se buscaba asignar a los procuradores judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias. En este se determinó que la Procuraduría no debe tener facultades judiciales para tramitar procesos cuyas demandas no hayan sido admitidas debido a que las medidas no guardan equilibrio con la gravedad de los hechos que causaron la crisis.

De acuerdo con Olano, en aquellos decretos que fueron declarados inconstitucionales o inexequibles al Gobierno solo le queda la opción de analizarlos, adecuarlos a la normativa y pasarlos de forma común ante el Congreso para que se transformen en Ley de la República y así tengan la calidad de legislación permanente.

En los decretos exequibles hay 19 artículos condicionados, lo que significa es que son ajustados a la Constitución, pero fueron modificados.


viernes, 17 de julio de 2020

En siete ciudades del país se realizaron protestas debido a la reapertura judicial


Sindicatos exigen el cierre de los edificios y que las secretarías de Salud verifiquen las medidas de bioseguridad

La reapertura judicial inició ayer su jornada con una serie de protestas por parte de los sindicatos en siete ciudades del país, en las cuales se exige que se cierren todos los edificios de la rama hasta que no se garantice la protección de los servidores.

Las siete ciudades fueron Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Tumaco y Pasto. En estos lugares se reunieron diferentes gremios de trabajadores del sector judicial frente a las casas de justicia exigiendo una mayor protección y que se prorrogue como lo hizo el Gobierno hasta el 15 de julio, la reapertura de los despachos.

“Aunque se dijo que no se recibirían usuarios y que se privilegiaría la virtualidad no se está cumpliendo, al final es una nueva cultura que no se impone de la noche a la mañana”, aseguró Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial.

Adicionalmente, Machado agregó que la realidad les ha dado la razón a los sindicatos en cuanto a que no hay una tecnología suficiente para satisfacer la demanda de justicia, además de que son los empleados los que están aportando sus equipos. “La digitalización en los juzgados es de tan solo 5%”, aseguró.

A través de un pronunciamiento, los sindicatos señalaron que es “alarmante y desconsiderado” que teniendo en Bogotá 73,4% de ocupación de las UCI; en Barranquilla con 95%; en Buenaventura con 98% y en Cali con 65%, se esté llevando adelante un levantamiento generalizado de términos procesales.

Entre algunas de sus peticiones exigieron que las secretarías de Salud verifiquen el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los despachos y que se brinden condiciones.


jueves, 16 de julio de 2020

Sistema braille en empaques sería obligatorio en el país con proyecto de ley


A nivel distrital el Concejo de Bogotá aprobó una iniciativa similar que implementará su uso en los envoltorios de medicamentos

Puede que a la fecha ya haya escuchado del braille, el sistema que utilizan las personas con discapacidad visual para leer y escribir e, incluso, que lo haya visto en los botones de ascensores, paradas de autobuses o algunos edificios.

Sin embargo, la realidad es que este mecanismo de lectoescritura no está completamente al alcance de las personas ciegas, en parte, porque no hay ninguna ley a nivel nacional que así lo solicite.

El director del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), Carlos Parra, comentó que a pesar de que el sistema está presente en algunos sitios públicos, este no es obligatorio. Además, de que no está implementado en otros elementos de uso cotidiano como pueden ser los empaques de alimentos o los medicamentos.

“A los laboratorios y fábricas de estos productos les preocupa más el sobrecosto que puede tener su impresión en cajas y envoltorios que el derecho que tienen las personas ciegas de poder identificar correctamente su medicamento evitando accidentes”, señaló Parra.


Para dar solución a esta problemática han surgido diferentes iniciativas como la de “Sistema Braille Incluyente” que fue aprobada en el Concejo de Bogotá hace unas semanas y que promueve la implementación del braille en los empaques de medicamentos, sin embargo, la medida solo aplica en Bogotá.

Por ello, en busca de una ley nacional surgió el proyecto de ley 063 de la senadora del Centro Democrático María Del Rosario Guerra, con el que busca la implementación obligatoria del sistema braille no solo en el empaque de medicamentos, sino también en empaques de alimentos, servicios turísticos, lugares públicos, entre otros.

“La mayor importancia del proyecto de ley de braille es asegurar que la persona con discapacidad visual no corra riesgos cuando compre un medicamento, que sepa cuál está comprando y en qué dosis”, dijo Guerra.

El proyecto estuvo a un debate en la plenaria de la Cámara de convertirse en ley; sin embargo, se hundió por falta de tiempo para votarlo antes de la terminación de la legislatura. No obstante, Guerra anunció que volverá a radicarlo una vez se retomen sesiones el próximo 20 de julio.


MARÍA DEL ROSARIO GUERRASENADORA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

“Si bien el proyecto no completó los cuatro debates en el Congreso, lo volveré a radicar el 20 de julio; es una iniciativa de inclusión fundamental que va a ayudar a un número importante de colombianos”.

El proyecto señala que “al promover el uso del braille en sectores estratégicos como el turismo y el comercio, se apunta a que las personas puedan tener acceso a la información de los productos y servicios que se brindan en la sociedad”.

En Colombia, según cifras del último Censo que realizó el Dane en 2018, hay más de 1,9 millones de personas con discapacidad visual, por lo que el sistema braille se convierte en su forma de entender los elementos de su entorno y, en el caso de los empaques, tener mayor seguridad frente a su consumo.

Para el director del Inci, este tipo de iniciativa es de real importancia para la población con discapacidad visual pues le dan un “piso jurídico” al braille. Sin embargo, indicó que aun con la aprobación del proyecto de ley 063, elementos como “la llamada etiqueta frontal que deben tener todos los productos alimenticios advirtiendo de los contenidos calóricos y nutricionales de cada producto”, quedan desprotegidos.

Ahora bien, frente al tiempo de aprendizaje, el coordinador del Centro Cultural del Inci, Enrique King, comentó que una persona puede aprender braille funcionalmente en una semana y que el tiempo dependerá de “su motivación y práctica”.

Debe resaltarse que no solo las personas con discapacidad visual pueden aprender este sistema, por ello, el Inci se ha encargado de alentar a los videntes a intentarlo.

“El braille debería tener una mayor difusión, incluso en las personas que ven, pues esto los haría más conscientes de la importancia de este sistema de lectoescritura para las personas ciegas”, concluyó el director de la entidad.


miércoles, 15 de julio de 2020

Estos son los pasos a seguir para la elección del Procurador General


Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia cerraron ayer las inscripciones para los candidatos

Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado cerraron ayer la inscripción de los aspirantes al cargo de Procurador General de la Nación, y ahora se darán a conocer las listas de los candidatos que remplazarán a Fernando Carrillo, por un periodo de cuatro años. El nombre definitivo se conocería en agosto.

Ayer en la tarde, el Consejo de Estado dio a conocer el listado definitivo de candidatos. Al final, se confirmaron nombres como el del exministro Luis Felipe Henao; el secretario del Senado, Gregorio Eljach y el exviceprocurador Juan Carlos Cortés, mientras que en la Corte Suprema se publicaron nombres como los del exministro de Justicia Enrique Gil Botero; y el exmagistrado Alberto Yepes.

Juan Carlos Cortés, quien confirmó a AL su postulación, y es reconocido por su trabajo como funcionario público por más de 27 años en cargos como viceprocurador, viceministro en el Ministerio de Trabajo y secretario general de la Fiscalía General de la Nación, entre otros cargos, explicó que el reto del cargo es poder asumir la dirección de una entidad garante de derecho y del orden jurídico en un momento fundamental para Colombia.

“Lo que se viene es un gran debate sobre temas sociales y de derecho, lo cual me entusiasma mucho. El cargo es importante para garantizar que desde la Procuraduría se dé un equilibrio constitucional, un ministerio publico veedor, vigilante, independiente que colabora con otros organismos y ramas pero que mantenga su independencia”, aseguró Cortés.

Y es que tan solo a tener en cuenta, en medio de la actual coyuntura por la pandemia del covid-19, en el último informe entregado por la Procuraduría se estaban llevando 813 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en contrato y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento a nivel nacional. Por lo tanto, el cargo tiene un matiz muy importante ya que quien lo asuma será el encargado de sancionar disciplinariamente a alcaldes, gobernadores y ministros.


Cómo se elige al procurador

Desde el 14 de junio tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema, decidieron publicar a través de sus páginas web los términos para la elección al cargo de Procurador General de la Nación. Los dos determinaron que las inscripciones iban a estar abiertas desde el 18 hasta ayer 30 de junio.

Algunos de los requisitos que se exigen en cualquiera de las dos corporaciones de acuerdo con el artículo 232 de la Constitución Política es: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado de profesión; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y tener como mínimo 15 años de experiencia en la Rama Judicial, en el Ministerio Público, como abogado o docente universitario, entre otros (ver infografía).

Luego de que se conozcan los inscritos a la convocatoria, desde el 2 al 15 de julio se tendrá la oportunidad de que los ciudadanos puedan enviar comentarios a los correos de cada una de las entidades para que puedan hacer sus observaciones. Y entre el 27 al 30 del mismo mes, las corporaciones examinan cada una de las hojas de vida y hacen la preselección.

Luego el 4 de agosto (Consejo de Estado) y el 6 del mismo mes (Corte Suprema), los candidatos se presentarán ante las Salas Plenas de cada corporación y argumentarán las razones de su candidatura. Posteriormente, cada una hará su elección: el Consejo hará la selección el 11 y la Corte elegirá a su candidato el 13.


JUAN CARLOS CORTÉSEXVICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

“Hay grandes retos como fortalecer la prevención, nuevas herramientas contra la corrupción y unos esquemas de intervención entre la justicia más modernos”.


JAIME ARRUBLAEXMAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA

“Quien sea Procurador debe ser un gran jurista, independiente y estar por encima de los intereses políticos. Que no utilice el cargo para lanzarse a otros”.

Después de que se haya elegido el candidato en las dos Altas Cortes, faltaría el que proponga el presidente Iván Duque. En ese sentido, diferentes medios han barajado algunos nombres como el de la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello.

La terna donde estarían los tres candidatos pasaría después de de este paso a la votación de la plenaria del Senado de la República. Los senadores serían los encargados de escuchar y decidir quién será el nuevo Procurador. El elegido asumirá el cargo en enero por un periodo de cuatro años y sin derecho a reelección.

“Quien resulte elegido procurador debe tener una alta solvencia moral y profesional. Debe ser un funcionario independiente, ya que su ejercicio será en un órgano de control; desprovisto de retaliaciones políticas, garante de los derechos fundamentales y de la no discriminación”, aseguró Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional Universidad Libre.

Otros nombres para el cargo

Además de los mencionados, otros nombres que aparecieron en el listado para la candidatura para la Corte Suprema de Justicia son Wilson Ruiz Orejuela, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, la expersonera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda y el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, entre otros.

Mientras que en las listas de inscritos en el Consejo de Estado para convertirse en Procurador General de la Nación se confirmaron otras personas como José Andrés O´meara, el actual director de Colombia Compra Eficiente o el de Humberto Sierra Porto, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


martes, 14 de julio de 2020

Una de las áreas de mayor dinamismo en la pandemia es la libre competencia



José Miguel de la Calle, socio de Garrigues, dijo que las empresas deben adoptar programas de compliance

En una economía como la de Colombia, la libre competencia juega un papel fundamental al propugnar la rivalidad entre las empresas que buscan abastecer la demanda de los consumidores, y el derecho es quien vela porque la misma se desarrolle en un entorno de bienestar competitivo. En entrevista con AL, José Miguel de la Calle, socio de Garrigues y quien dirige los departamentos de Litigios y Derecho Público en Bogotá, habló sobre las principales controversias que se presentan por no seguir los acuerdos de colaboración entre los competidores.

¿Cuáles son las controversias que más suelen presentarse por no seguir el derecho a la libre competencia?
Hay muchas áreas del derecho de la libre competencia donde se presentan álgidas controversias y la posibilidad de varias interpretaciones. Entre las principales cuestiones controversiales que requieren un cuidadoso trabajo por parte de las firmas de abogados están los pactos de no competencia, las cláusulas de exclusividad, los acuerdos de colaboración entre competidores y las diferentes tipologías de conductas que pueden constituir competencia desleal.

¿Qué recomendaciones jurídicas le haría a las empresas para librarse de una denuncia?
El derecho de la libre competencia es un derecho vivo, dinámico como ninguno. La interacción de conceptos jurídicos y económicos eleva la complejidad y aumenta los niveles de exigencia en el análisis profesional.

El mejor consejo para librarse del riesgo de resultar investigado o sancionado es actuar de forma preventiva mediante la adopción y mantenimiento de programas de cumplimiento normativo, como el compliance, que sean implementados a conciencia en todos los niveles de la organización. Al final, en el abanico de conductas o prácticas contrarias a la libre competencia existen muchos comportamientos que en un análisis desprevenido pueden parecer razonables o convenientes.


CAMILO ZARAMASOCIO DE GARRIGUES

"Sin duda los mercados han sufrido distorsiones dramáticas por causa de la pandemia. La crisis ha generado un entorno de supervivencia del más fuerte, en la que probablemente los agentes de mercado más pequeños y con menos músculo financiero desaparecerán o serán absorbidos por competidores más robustos. Esto podría generar una concentración en ciertas industrias. Las autoridades de competencia y supervisores deberán estar muy pendientes de todos estos procesos a fin de mantener una competencia y evitar distorsiones del mercado".

¿Cómo ve el derecho a la libre competencia en el marco del covid-19?
Una de las áreas del derecho de mayor dinamismo en estos momentos de pandemia es el derecho de la libre competencia. Muchas autoridades han dado señales claras en el sentido de ser más tolerantes respecto de los eventuales acercamientos entre empresas tendientes a lograr ciertas coordinaciones en aspectos logísticos o en otros campos operativos, con el fin que de afrontar con mayor solvencia la crisis económica que se vive o con el objeto de garantizar la oferta de productos o servicios que coadyuven en la protección de la salud humana. Otras novedades regulatorias se han dirigido a hacer más rápido y sencillo el trámite del control de concentraciones empresariales para facilitar la sostenibilidad financiera de las empresas en crisis.

¿Qué consideraría faltante en el marco legal para llevar una buena competitividad entre las empresas?
Tenemos un régimen bueno, completo y moderno que le ha dado sustento a una autoridad respetable y con poderes fuertes, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Después de una larga etapa de consolidación del marco legal a través de la imposición de sanciones económicas es necesario pasar a una nueva fase en la que la labor puramente sancionatoria se combine en igualdad de condiciones con una función más preventiva y educativa. Es el momento de darle más fuerza a la llamada Abogacía de la Competencia y a toda la función de promoción de la competencia, esto es, todo el conjunto de labores a cargo de la SIC y de otras entidades gubernamentales.

A su vez, es muy relevante dar el paso hacia hacer efectiva la reparación de perjuicios en competencia, mediante el robustecimiento del sistema de acciones individuales y de grupo, que permitan que los cartelistas y demás infractores reparen directamente a las víctimas, esto es, a los consumidores finales.

¿Cuáles han sido algunos de los mayores retos en esta materia por parte de las empresas?
El reto más complejo es buscar alternativas para enfrentar la crisis, sin tener la posibilidad de consultar previamente a la autoridad de competencia sobre la legalidad de sus pretensiones. En otros países se ha instaurado el prior consultation que permite -en estas situaciones de excepción- conocer de antemano la opinión de la autoridad, lo que reduce la inseguridad jurídica y genera un acercamiento de colaboración muy interesante entre el gobierno y el sector privado.

¿Qué le gustaría agregar dada la coyuntura actual?
Los gobiernos deben ser muy cuidadosos en asegurar que las medidas de alivio y los cambios que se han mencionado de parte de las autoridades no terminen por crear fallas de mercado o por romper el principio de neutralidad competitiva.

Entre tanto, para que los empresarios puedan cumplir con esta obligación, la administración de Iván Duque dispuso de un subsidio a la prima de $220.000 por cada empleado que gane un salario mínimo (o hasta $1 millón), monto que significa en promedio 50% del total de la prestación del primer semestre.

“Fue muy oportuno haber diferido la prima de junio por la falta de liquidez y de caja de las empresas. Creemos que el subsidio fue un esfuerzo, pero la verdad se quedó en niveles muy bajos porque pagarlo hasta salario de $1 millón es una proporción baja respecto al ingreso total”, comentó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal.

Por lo anterior, LR le explica cómo debe o debió recibir su prima este semestre, si sufrió alguna de las situaciones anteriormente mencionadas.

Prima con reducción de salario
El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, reseñó que la disminución del ingreso mensual es decisión del empleador, pero debe ser consensuada con el empleado. En caso de que haya sufrido esta afectación en su ingreso, así le deben liquidar su prima:

Si su salario base es de $2 millones y devengó este monto con normalidad hasta marzo, pero por la pandemia su sueldo bajó a $1,5 millones durante abril, mayo y junio, debe sumar la totalidad de lo recibido en el semestre ($10,5 millones) y promediar el monto por los seis meses de trabajo ($1,75 millones). Eso significa que, mensualmente, su ingreso entre enero y junio fue de $1,75 millones que, al ejecutar la fórmula para la prima (medio salario semestral), equivale a $875.000.

Acuerdo para prima a cuotas
Jaramillo explicó que, si usted y su empleador acordaron efectuar la prima a plazos, la norma dicta que, como máximo, esta prestación se podrá diferir a tres cuotas por un monto igual, teniendo como plazo máximo del último pago el 20 de diciembre.

Lo anterior significa que si su salario fijo es de $2 millones y laboró en su empresa desde este año (o lo viene haciendo con anterioridad), como prima le corresponden $1 millón, que equivalen a la mitad de su sueldo. Si de mutuo acuerdo pactaron la prima a cuotas, su empleador debe consignarle tres pagos de $333.000, de los cuales el primero de estos tiene que ser efectivo en junio y lo dos restantes hasta entes del 20 de diciembre.

Prima y suspensión de contrato
Inicialmente, el Ministerio del Trabajo detalló que, con o sin suspensión del contrato, el trabajador debe recibir la totalidad de su prima.

Por ejemplo, si hasta marzo el empleado laboró sin ningún problema, pero en mayo, abril y medio junio el contrato fue suspendido, retomando funciones el 15 de junio, es decir, duro dos meses y medio sin trabajar (75 días), a la hora de liquidar su prima, el empleador deberá tener en cuenta en el cálculo todos los días del semestre (30 días por cada mes) incluyendo los días no laborados, a pesar de la suspensión del contrato.

En conclusión, su prima no deberá tener ninguna afectación o reducción en el monto y a su cuenta le tienen que consignar la totalidad ($1 millón en el caso de que el salario sea de $2 millones).

El abogado laboral profesor de la Universidad Central, Octavio Rubio, aclaró que el Código Sustantivo del Trabajo señala que una empresa podrá optar por la suspensión del contrato bajo dos argumentos: fuerza mayor y caso fortuito, motivo que debe tener una autorización por parte del Ministerio del Trabajo; o por suspensión de las actividades por 120 días ante una eventualidad.

Sin embargo, por la crisis actual, algunas compañías optaron por enviar a sus casas a los empleados sin que cumplan sus funciones (especialmente en los sectores con restricciones), pero con la continuación del pago de su salario.

Prima y licencia no remunerada
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, mencionó que este tipo de mecanismos en los que el empleador cede un periodo de tiempo de trabajo a los empleados, y que por la situación usaron varias empresas, sí tiene efecto en el cálculo final de la prima, pues no se contarán los días en los que el trabajador no prestó sus servicios.

Si la licencia fue por dos meses y medio (75 días), la prima se pagará por 105 días de trabajo, que corresponden a $583.333 para un salario de $2 millones.

LOS CONTRASTES

JAIME ALBERTO CABALPRESIDENTE DE FENALCO

“Fue muy oportuno haber diferido la prima y el subsidio de 50% fue un esfuerzo, pero se quedó en niveles muy bajos; creemos que para la segunda prima el subsidio se debería aumentar”. 


ROSMERY QUINTEROPRESIDENTE DE ACOPI

“Al menos 42% de las pequeñas empresas aún no sabe con qué va a pagar el otro 50% de la prima y solamente 26% tenía los recursos completos para pagar esta obligación en una sola cuota”.

Pedirán aumento de subsidio a la prima
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, detalló que el gremio le propondrá al Gobierno que para el pago de la segunda prima del año (en diciembre), el subsidio de 50% aumente hasta 100% en los sectores más afectados por la crisis, como los bares, restaurantes y entretenimiento; y que el monto de 50% se aumente hasta salarios de $3 millones y no $1 millón como sucedió para el primer semestre.

“Los niveles de pago de la prima van a bajar porque hay menos gente trabajando y por eso es que se podría subir el nivel del subsidio”, comentó.

lunes, 13 de julio de 2020

El concepto de fuerza mayor toma un nuevo impulso

La jurisprudencia determinará si la pandemia y sus restricciones podrán ser circunstancias que impidan cumplir con obligaciones comerciales.


Al redactar un contrato, los abogados pensarán: ¿qué pasa si llega una nueva pandemia? Esta reflexión es solo uno de los cambios en Derecho Comercial.

Aunque, a la fecha, el Derecho Comercial como lo conocemos no ha sido modificado de manera sustancial por alguna norma expedida en tiempos de pandemia, lo cierto es que la coyuntura de la Covid-19 incidirá en su aplicación.

Desde luego, esta coyuntura ha representado un reto muy importante para las empresas, muchas de las cuales hoy luchan para salir avante de la crisis económica. De acuerdo con Bibiana Martínez Camelo, gerente de Innovación de Legis, “el primer impacto de la pandemia en el tema comercial es en asuntos de liquidación e insolvencia de las compañías. Al no tener ingresos suficientes, muchas compañías están empezando a caer en esas causales que llevan a procesos de reorganización”.

Así mismo, la experta destaca cómo la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades (la cual funciona como órgano que imparte justicia) nunca cerró sus puertas para seguir atendiendo casos relacionados con conflictos societarios o de administración de empresas. “Es una alternativa que siempre ha tenido esta línea del Derecho para continuar con el manejo de asuntos de empresas a través de esta corte especializada”, precisa Martínez.
Perspectivas del Derecho comercial

Además de la incidencia de la pandemia en el tráfico mercantil de las organizaciones, cabe resaltar que también cambiará ciertos aspectos en torno al futuro del Derecho Comercial.

Álvaro Iván Cala, socio del equipo Corporativo Empresarial de Brigard Urrutia, establece que, en primer lugar, no hay jurisprudencia que fije los lineamientos de cómo interpretar si la pandemia y sus restricciones a la movilidad, por ejemplo, pueden catalogarse como circunstancias excepcionales que justifiquen una fuerza mayor o un caso fortuito para incumplir obligaciones, para terminar un contrato o no cumplir una determinada prestación.

“En un futuro próximo, va a ser muy interesante ver cómo la jurisprudencia interpreta si las circunstancias actuales son en realidad, y para qué casos, de fuerza mayor. Por tanto, veremos decisiones judiciales que van a impactar en la aplicación del Derecho Comercial, porque nos van a indicar cómo actuar de ahora en adelante”, señala el experto.

De ahí que el debate estará en si puede excusarse de incumplimientos graves, intereses, o moras al empresario que no pudo reunirse con sus socios en una notaría para formalizar algún acuerdo, al odontólogo que no ha podido pagar el canon de arrendamiento de su consultorio o a ese contratista que no pudo transportar una mercancía en los tiempos acordados.

“Igualmente, la pandemia impondrá cambios en la manera en que se hacen transacciones comerciales. Si antes había un porcentaje relativamente pequeño de transacciones que se hacían por medios digitales, hoy ese número se hará mayor”, manifiesta Cala.
Cambios en contratos

En la misma línea, la pandemia será un elemento fundamental a la hora de hacer un negocio, prever un determinado acto jurídico, una promesa de compra-venta o una transacción donde se deben cumplir ciertas fechas.

“Al redactar nuevos contratos, los abogados pensarán: ¿qué pasa si llega una nueva pandemia o un rebrote de coronavirus? Por tanto, en el ejercicio de la autonomía privada, estoy seguro que van a empezar a tenerse en cuenta situaciones de este tipo que busquen enseñarle a las partes cómo proceder en caso de presentarse un evento similar, por medio de cláusulas en los contratos”, acota Álvaro Cala.

Por su parte, Jaime Moya Suárez, socio director de la práctica de Derecho Corporativo de Godoy & Hoyos Abogados, señala que “hoy en día muchas actividades económicas se han podido reasumir en la medida en que el Gobierno así lo ha dictaminado. Pero hay que tener en cuenta que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, incrementan los costos de cumplimiento de los contratos o los hace más lentos de acatar; estas son algunas de las dificultades prácticas que tendrán algunas operaciones comerciales”.

En últimas, desde el punto de pista de la práctica contractual, “habrá desarrollos desde el punto de vista de la práctica contractual, de cómo se negocian y redactan los contratos, de ahí que los abogados deban establecer cuál es el procedimiento que se debe seguir para permitir la ejecución de contratos sin que eso implique traumatismos para las empresas”, agrega el socio director de la práctica de Derecho Corporativo de Godoy & Hoyos Abogados.

domingo, 12 de julio de 2020

Así perciben los jóvenes la profesión del Derecho

Aspirantes a abogados, estudiantes y graduados manifiestan lo que piensan de este oficio. 


El Derecho es tan solicitado precisamente porque tiene un campo amplio de aplicación, pues permea todas las esferas de la sociedad, incluyendo lo social, lo económico y lo político.

Si hay alguna profesión que por culpa de las malas actuaciones de algunos pocos ha visto empañado su buen nombre y tradición es el Derecho.

Lamentablemente, los escándalos de corrupción que los involucran y la representación que un grupo de estos profesionales ha hecho a favor de reconocidos delincuentes de todas las clases sociales, han logrado afectar la imagen de un valioso oficio, reconocido históricamente por su papel como defensor de los más necesitados y garante de justicia.

Por esa razón, conocer la opinión de los jóvenes que quieren terminar su bachillerato para estudiar esta carrera, así como la de quienes la están cursando y de los abogados graduados recientemente, puede dar algunas luces sobre el futuro que tendrá esta milenaria profesión.

Valentina Samudio, estudiante de grado 11, dice que estos profesionales tienen el papel de regular la convivencia, la actividad de las leyes y los derechos, basados siempre en la verdad y la justicia. No obstante, cree que por su posición de poder pueden llegar a ser vistos como aquellos que “pueden ayudarte, pero al mismo tiempo acabar con tu vida y tu futuro”.

Para ella, el abogado tiene la mayor responsabilidad ante los ciudadanos, y por esto su trabajo debe ser limpio, aunque hoy en día esto sea complicado. A su vez, considera que para ellos la imagen es lo más importante y que su franqueza y sensatez deben ir acompañadas de una buena reputación, aparte de que deben caracterizarse por actuar siempre con transparencia y honestidad.

Sin embargo, es consciente de que hoy muchos de estos profesionales son vistos como corruptos, es decir, como personas que se aprovechan del poder que se les brinda para usarlo en beneficio propio y utilizarlo de manera equivocada.

De otro lado, sostiene que la implementación de herramientas tecnológicas dentro del Derecho puede llegar a reemplazar de alguna forma o a complementar el trabajo, cobrando un papel importante, debido a que su automatización puede traer bastantes efectos y beneficios.

Otra estudiante de grado 11, Lina Rojas Álvarez, afirma que esta profesión le parece muy interesante por el hecho de poder ayudar a la gente con problemas legales, aunque siente que el buen posicionamiento de los abogados ha disminuido un poco, ya que su labor no se valora en los diferentes campos de acción que tienen.
Futuros abogados

A su turno, Simón López, quien cursa tercer semestre de Derecho en la Universidad Pontificia Javeriana, asegura que la reputación de los abogados en Colombia es definitivamente un punto que se tiene que mejorar.

“Siempre se han visto como aquellas personas que ponen el dinero por encima de cualquier cosa y que, en vez de perseguir la justicia, buscan lo mejor para su cliente, independientemente de que se haya hecho o no lo “moralmente correcto” o, incluso, que anteponen sus intereses frente a los mismos clientes. Ahora bien, no se puede negar que hay abogados que hacen esto (que no son pocos) y que ellos mismos llegan a dañar la imagen de todo su grupo, pero tampoco se puede ignorar que una gran parte de estos profesionales son personas íntegras, que tienen sus principios y valores muy claros, y son estas mismas personas las que le pueden hacer un bien inmenso a nuestra sociedad”, recalca.

Al reflexionar sobre el futuro de esta carrera, el joven señala que es importante visualizar un mundo con un desarrollo tecnológico gigantesco y que la pregunta que llega inherentemente a este desarrollo es: ¿podrán las máquinas reemplazar a un abogado?

“Para mí, la respuesta sería claramente no. El Derecho es puramente social, es un elemento fundamental del abogado. Además, los que practiquen esta profesión deben estar en una búsqueda constante de la justicia, observando el contexto social y las circunstancias por las que atraviesa el país. Esa búsqueda de la justicia no se basa simplemente en aplicar la Ley al pie de la letra, va mucho más allá. Por esto mismo, creo que la abogacía es muy difícil de reemplazar y va a seguir siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad por mucho tiempo”, subraya López.

De otro lado, Juan Camilo Acosta, estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Universidad de los Andes, considera que los abogados cuentan con un campo de acción muy alto, dada la necesidad que tienen prácticamente todas las áreas de la sociedad en conocer los límites que están impuestos, por lo que no necesariamente este tiene que litigar, dedicarse al sector público o ir por carrera política, “además puede hacer muchas otras cosas de suma importancia para que las personas y las compañías sepan qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer”.

En cuanto a la reputación, coincide en que no tienen la mejor, y reconoce que es algo entendible porque usualmente la persona común, que no sea abogada ni se relacione constantemente con estos, va a pensar que al haber un abogado involucrado significa que hay algún tipo de problema general.
Lo que piensan los graduados

Por el lado de los egresados, María Fernanda Perico, abogada de la Universidad de los Andes, graduada hace un poco más de dos años, cree que la reputación de los abogados en Colombia, en general, no es buena y hay una especie de estereotipo frente a ellos en el sentido de que son personas que se aprovechan de la vulnerabilidad y desconocimiento de quienes están teniendo alguna clase de inconveniente legal, lo que causa desconfianza hacia el trabajo de estos profesionales y que haya una brecha en la relación entre el abogado y su cliente.

Sin embargo, señala que existen muchas excepciones a la regla en el país y que están representadas en quienes ejercen el Derecho con el objetivo de ayudar a las personas, brindarles un apoyo, una asesoría y una guía para que puedan hacer valer sus derechos.

Frente a su campo de acción, afirma que es muy amplio y que, dependiendo de la pasión y los intereses de cada individuo, es posible ejercer la profesión en una firma defendiendo empresas, trabajadores y comercios o desempeñarse en la rama judicial, ser juez en distintas áreas como Penal, Civil, Laboral, de Familia y como defensores de derechos humanos, entre otros.

Mientras que María Parga, graduada hace un año también de la Universidad de Los Andes, sostiene que esta es una carrera común, teniendo en cuenta la cantidad de personas que la estudian. “Ahora bien, es una profesión tradicional que tiene un campo de aplicación muy amplio, teniendo en cuenta que el Derecho permea todas las esferas de la sociedad, incluyendo lo social, lo económico y lo político”.

En cuanto al rol del abogado, manifiesta que tradicionalmente se ha entendido que su función consiste en solucionar problemas, sin embargo, considera que esta carrera puede ser empleada para mucho más que eso, incluso llegando a ser un mecanismo mediante el cual sea posible construir una mejor sociedad.

Aunque es una profesión marcada por la tradición, Parga piensa que en los últimos años los abogados han incursionando en sectores y temas actuales que antes eran exclusivos de otras profesiones, como el comercio electrónico, las telecomunicaciones y la banca digital.

“Se trata de una profesión sumamente dinámica y cambiante, por lo que el abogado debe permanecer atento a las modificaciones regulatorias e incluso, a los cambios que se den en las dinámicas sociales. En todo caso, el Derecho es una herramienta maleable que permite que quienes hacen uso de ella puedan continuar manteniendo vigentes disposiciones que fueron pensadas en contextos y épocas diferentes”, explica.