Grado de transparencia y publicidad en actuaciones del Estado muestra qué tan sana es una democracia
La Corte Constitucional advirtió a todos los jueces del país que las audiencias del sistema penal acusatorio son, en esencia, públicas.
Un grupo de periodistas de varios medios acaba de conseguir un triunfo clave para su oficio. Vía tutela, lograron que la Corte Constitucional advirtiera a todos los jueces del país que las audiencias del sistema penal acusatorio –que entró en vigor hace 15 años– son, en esencia, públicas. Por ello, cualquier excepción a esa regla no solo debe sustentarse legalmente, sino que tiene que ofrecer alternativas efectivas para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.
No es una decisión de poca monta. Aunque uno de los pilares del nuevo sistema acusatorio es, precisamente, su carácter público y abierto, las audiencias sobre las que los jueces decretan la reserva –o sea, que se hagan a puerta cerrada– son frecuentes. Y en más de una ocasión la decisión no depende tanto de las excepciones reguladas en la ley, sino del perfil del procesado, sobre todo cuando se trata de altos exfuncionarios y otros allegados a círculos de poder.
Por supuesto, hay procesos en los que los derechos de las víctimas, el riesgo de afectación de la justicia o la seguridad nacional deben ponderarse o incluso privilegiarse temporalmente sobre el derecho a la información. Pero lo que no puede ocurrir es que la posibilidad de que la sociedad conozca el desarrollo de casos claves quede a voluntad del juez o magistrado, cuando no del fiscal a cargo. Eso, precisamente, es lo que ha recordado la Corte.
Pero el mensaje va no solo para los jueces. La JEP está en mora de hacer públicas todas sus audiencias, como en su momento lo fueron las de Justicia y Paz. La decisión de abrir las declaraciones de los paramilitares, incluso de transmitirlas en vivo, fue una de las claves que permitieron el despegue de las investigaciones de la ‘parapolítica’ hace una década. Y esa señal de transparencia, que se logró después de otra batalla legal para garantizar el derecho a la información, sirvió en su momento para darle legitimidad al primer experimento de justicia transicional en el país.
El grado de transparencia y publicidad en las actuaciones del Estado, sea cual sea el nivel de funcionarios y servidores, muestra qué tan sana es una democracia. Esto aplica aún más cuando se trata de administración de justicia. No solo en materia de audiencias o fallos, sino de todo el ejercicio de las funciones, empezando por la contratación.
Las altas cortes, especialmente la Suprema, le siguen debiendo al país la revelación de los criterios que históricamente han usado para escoger a quienes ocupan en encargo millonarias vacantes en tribunales.
Y el Consejo Superior de la Judicatura debería explicar por qué hoy sigue siendo una odisea tener acceso en la web a fallos ya ejecutoriados, sobre todo los recientes de la polémica Sala Disciplinaria de ese alto tribunal
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/justicia-a-puerta-cerrada-por-que-habia-que-ponerle-su-tatequieto-493962
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