Flexibilizar el acceso a sitios públicos, educación, y un plan para la seguridad social, algunos de los ejes del documento.
Alrededor del 90% no cotiza y, además, tienen unos ingresos inferiores al 75% del salario mínimo.
Como lo demostraron las cifras de informalidad, publicadas por el Dane esta semana, la proporción de este grupo de personas mostró una disminución en junio, pero expertos prevén que el número se disparará apenas se eliminen más restricciones para la movilidad por la emergencia sanitaria por la covid-19. Paralelo a ese panorama, el Gobierno publicó para comentarios una política pública de vendedores informales, con la que busca tratar este fenómeno.
Y es que, según el Dane, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de esa población era de 47,3% en junio de 2019 y este año fue de 46,2%, una reducción de 1,1 puntos porcentuales (pps). Por otro lado, y según el documento de política pública, la incidencia de la informalidad llegó a 60,6% en el territorio colombiano en 2019.
Entre esa población, detalla el documento, están los vendedores, quienes se ven obligados a ofrecer productos de manera informal en el espacio público. Como lo anunció en días pasados en una entrevista a este diario Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, con la política buscan enfocarse especialmente en estas personas.
“La política tendrá como objetivo contribuir en la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad, relacionados con el fenómeno de la informalidad. Serán propósitos de la política mejorar las condiciones para la inclusión en condiciones dignas de la población trabajadora informal, con especial énfasis en el aprovechamiento del espacio público”, manifestó en su momento el jefe de la cartera de trabajo.
Como se detalla en el borrador de política pública, el Gobierno buscará trabajar en tres ejes clave: reducir informalidad de vendedores ambulantes; disminuir los conflictos que se derivan de la convivencia y el uso de espacio público y aumentar el impacto de los programas dirigidos a esta población.
Para el primero de esos puntos proponen que se desarrollen instrumentos legales para flexibilizar el aseguramiento en el sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, además de la creación de unos incentivos a los empresarios para que contraten a trabajadores informales vulnerables. Asimismo, plantean que se genere una regulación que permita el uso o el aprovechamiento del espacio público por parte de vendedores informales.
Para financiar esa política pública, se propone que se obtengan recursos a través del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, de regalías, recursos propios de entidades territoriales y de cooperación internacional.
LO URGENTE
Si bien esta política pública todavía debe pasar por varios trámites antes de ser aprobada y publicada, la pregunta es qué va a pasar mientras algunas de estas propuestas se aplican, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en estas poblaciones vulnerables.
Para Stefano Farné, director del observatorio laboral de la Universidad Externado de Colombia, uno de los focos en este tipo de políticas es ver salidas para aumentar la productividad. “Una forma de hacerlo es a través de una mayor educación y aumentando el capital humano de la economía en general”.
Otro punto urgente a tratar que destaca Farné es la urgencia que hay con respecto a la participación de los informales en los sistemas de seguridad social, pues alrededor del 90% no cotiza y, además, tienen unos ingresos inferiores al 75% del salario mínimo. “Es urgente hacer algo al respecto, porque también se verá un aumento por cuenta de la pandemia”.
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