La Contraloría encontró que se estarían desviando unos $80.000 millones para fines diferentes a los pactados en los documentos
Desde que empezó la contingencia por la pandemia del Covid-19 se han efectuado cerca de 37.932 contratos, entre el 10 de marzo y el 5 de abril, de los cuales, según informó la Contraloría, 5.198 estarían relacionados con recursos destinados a atender la emergencia sanitaria a causa del virus.
Sin embargo, según los hallazgos de la entidad, algunos contratos realizados con el pretexto de atender la crisis presentarían irregularidades. Los tres principales puntos de riesgo que encontró la Contraloría dentro de los contratos fueron la reducción en el reporte de la información precontractual y contractual, presuntos sobrecostos en el valor de las compras, y ambigüedades precontractuales y contractuales.
En conversación con La FM, el contralor Carlos Felipe Córdoba señaló que el control de los recursos se está realizando con apoyo de la Procuraduría y la Fiscalía y que se estima que el monto total de recursos que se han desviado para otros fines que no son los pactados es de alrededor de $80.000 millones.
Dentro del informe que presentó la entidad se resaltan presuntos sobrecostos en la contratación de alimentos para la emergencia sanitaria del Covid-19, en los cuales, Centro Oriente tendría 36,4% de sus contratos con sobrecostos; seguida de Centro Sur, con 30,9%; y LLanos, con 30,1% serían las zonas con las cifras más altas.
Los productos que registraron mayor sobrecosto fueron la lenteja (52,9%) y el atún (48,2%) en uno de los contratos de la zona de Centro Oriente; el aceite (43,2%) en un contrato de Ibagué en la zona Centro Sur; y la lenteja (53,8%) y el fríjol (50,7%) en un contrato en Acacías, Meta.
En los contratos relacionados con el área de salud, el ente encontró que los contratos de Centro Sur tendrían un sobrecosto de 71,5%; seguido de Centro Oriente (61,9%) y el Pacífico (55.8%).
“Se deben redoblar los esfuerzos en materia y control para garantizar que en esta etapa en la que es necesario el aprovisionamiento en materia alimentaria para las comunidades más vulnerables no se presenten estos sobrecostos”, manifestó el senador antioqueño del Partido de la U, Juan Felipe Lemos.
Opinión con la que concuerda el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, quien señaló que dichos indicios de irregularidades “merecen una investigación pronta y urgente” para determinar la responsabilidades.
Uno de los contratos analizados fue expedido por la Gobernación del Tolima. Esta contrató servicios de publicidad por $1.020 millones mientras que la suma real de los costos contemplados era de $420 millones.
Finalmente, Córdoba expresó que ya tomaron decisiones y se abrieron los procesos correspondientes para que “quien quiera hacer fiestas con esta situación” no pueda hacerlo.
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