Expertos creen que aunque estas decisiones ayudan a la liquidez, el aplazamiento de las obligaciones tributarias no resuelve los problemas de fondo.
La Dian y las administraciones locales están fortaleciendo sus servicios digitales para incrementar el recaudo.
El fuerte impacto económico que ha generado la pandemia de Covid-19 en el país ha desencadenado una serie de afectaciones que el Gobierno ha visto en la obligación de mitigar a través de diferentes decisiones.
En eso coincide Daniel Díaz Rivera, abogado en Garrigues, para quien resulta interesante analizar los efectos de las medidas adoptadas por el Estado, ya que son estas las que tienen incidencia tanto en el erario público como en la economía de los contribuyentes.
Por ello, Díaz sostiene que es importante tener en cuenta que el Gobierno ha adoptado múltiples disposiciones inéditas por vía de decretos legislativos, lo que no permite hacer una medición basada en datos históricos de la reacción de la economía después de un ‘shock’, porque las determinaciones que buscan dar liquidez a los contribuyentes inevitablemente reducirán el recaudo.
Según él, entre los expertos pareciera haber un consenso de que el impacto de esta crisis en los contribuyentes será asimétrico, en el sentido de que variará dependiendo del sector de cada empresa y del tamaño de las mismas. Por ejemplo, anota, mientras que el transporte aéreo de pasajeros y el sector gastronómico están básicamente quietos, es posible que segmentos como el de telecomunicaciones y comercio minorista puedan prosperar.
“Para el erario público el efecto variará según el tipo de impuesto. Los impuestos sobre las ganancias (impuesto sobre la renta) verán fuertemente afectados su recaudo. Por otro lado, los impuestos sobre el consumo o la propiedad (IVA o predial) serán menos volátiles, aunque también habrá una reducción en el recaudo”, explica.
Algo similar piensa Catalina Hoyos, socia fundadora de Godoy & Hoyos Abogados, al afirmar que el principal efecto de esta coyuntura es que, de la mano de la caída libre en que se encuentra la economía, también se advierte una caída parecida del recaudo.
“Dado que habrá mayor déficit y mayor deuda, tendremos que hablar de impuestos”.
Igualmente, dice que se espera que se vean incrementadas las discusiones con la Dian y las autoridades locales por su necesidad de capturar más recursos, sobre todo las que tienen que ver con los efectos de la fuerza mayor; la deducibilidad de erogaciones tales como depreciaciones de activos que no se están usando por efectos de la pandemia y de cartera de difícil o imposible cobro por efecto de la misma; las pérdidas generadas por la situación, la territorialidad de ciertas rentas para efectos del impuesto sobre la renta e ICA –teniendo en cuenta que todos estamos confinados y transando en ese lugar “sin Estado” llamado Internet–, la determinación de la residencia fiscal de los individuos y la sede efectiva de administración de las personas jurídicas; los comparables a utilizar y los ajustes a realizar en materia de precios de transferencia, los efectos de los procesos de reorganización, sobre todo internacionales, y el uso de escudos fiscales, entre otros.
Cambios importantes
De acuerdo con Diego Cubillos Pedraza, socio líder Business Tax de Deloitte, entre las medidas tributarias fijadas para contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria, y que en esencia conducen a la postergación de las fechas antes establecidas, están las declaraciones de renta y la información en medios magnéticos, que vencían a mediados de abril, en tanto que para algunos sectores como el de transporte aeronáutico y todo lo relacionado con el turismo, como los hoteles, se postergó aun más este plazo, hasta finales de junio e inicios de julio.
En lo que tiene que ver con el Impuesto de Industria y Comercio, la Alcaldía de Bogotá hizo lo propio con los impuestos municipales como el Predial y de Vehículos, principalmente, como también ha ocurrido en otras ciudades del país y municipios, donde los calendarios tributarios han sido ajustados.
Para Díaz Rivera, aunque estas decisiones ayudan a que las empresas tengan liquidez, en ciertas ocasiones el aplazamiento de las obligaciones tributarias no resuelve los problemas de fondo de la economía. “Los individuos han visto reducidos sus ingresos y aumentados sus gastos básicos y, en la mayoría de casos, han reducido su nivel de consumo. Las medidas tributarias tienden a garantizar la supervivencia de las empresas, pero no alivian la situación del ciudadano. Seguramente, las tendencias de consumo variarán después de la crisis y las compañías deberán amoldarse también a este cambio”, recalca.
Por su parte, Hoyos manifiesta que los menores recaudos coadyuvan las situaciones de déficit y deuda que tienen serios efectos en la economía del país, y que estamos en una recesión que puede trascender a una gran depresión, lo que obliga al Estado, como en cierta medida ha ocurrido, a implementar medidas contracíclicas caracterizadas por un incremento en el gasto público y una reducción de ciertos tributos.
Transformación digital
Así mismo, advierte que es evidente que la Dian y algunas administraciones locales se están “pellizcando” para optimizar sus servicios digitales y esperar que haya una mejoría sustancial en este aspecto. “Se impone la transformación digital de las administraciones y ojalá esto se haga con visión, dirección y proyección”, asegura.
Para Hoyos, la pandemia ha dejado a la vista de todos las instituciones tributarias que se encuentran obsoletas de cara al mundo que estamos viviendo, en tanto que los conceptos de fuente, de residencia y de territorialidad que le sirven de columna vertebral a impuestos tan tradicionales, como el de renta e ICA, están en entredicho.
Sin embargo, reconoce que hay otros conceptos que seguramente saldrán fortalecidos, como la necesidad de tener una verdadera y universal seguridad social, y añade que esto nos obligará a replantearnos varios de nuestros modelos de tributación.
Mientras que la economía digital “nos obligará a pensar en sistemas tributarios novedosos, a los cuales tendremos que agregar indicadores de riqueza distintos a los tradicionales, como ocurre con el caso de la información”.
Nuevas medidas
En lo que hace referencia a la manera en la que Colombia ha asumido esta coyuntura en el tema tributario, Hoyos asevera que hasta ahora lo urgente no ha dejado tiempo para lo importante, pero alerta que ya es momento de comenzar a trazar e implementar medidas de mayor alcance, como el diseño de incentivos tributarios inteligentes, orientados por resultados y fáciles de controlar; “sacar del congelador” discusiones desgastantes como la necesidad de generalizar un IVA que hoy tiene beneficios, incentivos y exenciones que le dejan un hueco a la Dian de más de $54 billones de pesos, y que determinan que la tarifa promedio del IVA sea de 8,9 por ciento, muy inferior a la tarifa nominal del 19 por ciento que formalmente aparece en la Ley.
Igualmente, sugiere que se debe pensar en cómo la tributación puede promover la diversificación y escalamiento de la economía (uno de los mayores retos), además de replantear la justicia tributaria del país que, según ella, “sigue en la Edad de Piedra”.
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