Se prevé que el crecimiento dependerá en gran medida de que haya seguridad jurídica.
Nuevos retos legales: comercio electrónico, responsabilidad ambiental, generación de energías limpias y sus implicaciones tributarias.
Si hay algo que tiene muy preocupada a la mayoría de la población mundial es cómo y, sobre todo, cuándo se dará la tan anhelada reactivación económica; ojalá enmarcada en la superación de la pandemia.
En ese escenario poscoronavirus, según Daniel Posse, socio de Posse Herrera Ruiz, esa reacción de la economía vendrá de la mano de las inversiones de capital y financieras, de las compras o integraciones de empresas, de los ajustes en la regulación para promover y facilitar hacer empresa, del aumento del consumo, de la recuperación del empleo y la adecuación laboral a la nueva realidad, de la contratación estatal y de los ajustes a los esquemas de distribución.
Así mismo, el experto considera que el repunte llegará del fortalecimiento del comercio electrónico y de los ‘call centers’, de la responsabilidad ambiental, de los retos de generación de energías limpias y de las implicaciones tributarias de todos los cambios.
“Habrá también insolvencias, restructuraciones, liquidaciones y litigios; se presentarán cambios en el negocio inmobiliario, tales como en los arriendos de oficinas y locales comerciales. En fin, por donde se mire, la reactivación económica involucrará asesoría legal”, subraya Posse, al tiempo que señala que el crecimiento depende en parte importante de que haya seguridad jurídica, de que las reglas de juego sean estables, identificables y predecibles; del sano relacionamiento del empresario con la ciudadanía y con las autoridades, y de la estructuración jurídica juiciosa y precisa de los negocios.
Para lograrlo, indica que los empresarios que tengan una buena asesoría jurídica tendrán una mayor probabilidad de éxito en sus proyectos. “Por eso, contar con buenos abogados será clave en la recuperación”.
En ese sentido, Yefferson Mauricio Dueñas, abogado y experto en Derecho Público, sostiene que ese papel que los juristas y abogados tienen para con la economía se puede ver en dos niveles: preventivo, de un lado; y paliativo o curativo, del otro, en la medida en que esta crisis económica para muchos especialistas es superior a la más reciente (2008) y donde como siempre sucede habrá partes que se podrán salvar y otras que simplemente se tendrán que liquidar.
De un lado, habrá empresas que todavía se podrían mantener entrando a ciertos mecanismos como los con¬cordatos y otras figuras que contempla la Ley para protegerlos y salvar el aparato productivo, y en este caso también a los trabajadores. Y lo paliativo sería para las compañías que ya no son viables, pero se busque su liquidación de la forma menos traumática posible”, afirma Dueñas.
En lo que hace referencia a los retos de estos profesionales, Posse sostiene que el desafío constante de todos los que prestan servicios es la eficiencia, la prontitud, la inmediatez del servicio, además de agregar valor, ser eficaces, la búsqueda de la excelencia en el contenido; entender el negocio del cliente, ser ‘business partner’ y anticiparse a las necesidades. “En esta época, como en cualquier momento de crisis, las cualidades deberán notarse más. Los abogados tendrán que mejorar en cada uno de esos retos constantes”.
A su turno, Dueñas asegura que el desafío más importante está ligado al de la responsabilidad social; en ese sentido, la crisis pone a todo el sistema, de cierta manera, a replantearse y a reiniciarse, por lo que se espera que los abogados y juristas cumplan un rol de responsabilidad, no solo para con sus finanzas privadas sino frente a todo lo que está en juego por reconstruir, por reparar y para poder reactivar la economía y los diferentes sectores.
Aquí, para él, también tiene que ver cómo se regrese a la nueva normalidad. En el caso concreto de estos profesionales, anota que el sistema judicial de por sí ya trae un retraso en los fallos y la cantidad de conflictos que se han creado en materia de arriendos, terminación de contratos, suministros y consorcios de grandes empresas, lo cual se traduce en un impacto en varios niveles.
“Muchas de estas cuestiones no se van a poder solucionar de una forma amigable y esto va a colapsar aún más este sistema ya atrofiado. Entonces, de ahí que la mencionada responsabilidad social sea tan relevante para buscar acuerdos pacíficos para la resolución de esos conflictos y que no todo se traduzca en demandas”, precisa el experto en Derecho Público.
Otro aspecto para tener en cuenta
Dentro de esos procesos de reactivación, Ricardo Aristizábal, de Aristizábal Abogados, señala que sin duda el Covid-19 reta a todas las entidades del Estado para que implementen, mejoren y actualicen sus procesos de radicación y verificación de los trámites que se llevan frente a las mismas, por lo que cree que esta es una oportunidad para entender que los tiempos y las necesidades han cambiado, lo cual conlleva a una necesaria evolución para responder a la nueva coyuntura.
Con base en lo anterior, Aristizábal considera que dentro de los actores que cobran importancia, deben resaltarse los consultores, abogados y gerentes de asuntos regulatorios, quienes -a su parecer- deberán adaptarse a las nuevas necesidades, ofreciendo estrategias que permitan que las autorizaciones que emita, por ejemplo una entidad como el Invima, no presenten retrasos.
En tal sentido, aclara el experto, deberán tener la capacidad de adecuarse a los nuevos procedimientos virtuales adoptados por este organismo y buscar que, más que un mecanismo transitorio de solución, se convierta en la hoja de ruta de ahora en adelante, lo cual redundará en beneficio para la industria y el sector público.
“Todas aquellas personas jurídicas y/o naturales que desarrollan actividades económicas de producción, importación y comercialización de productos de necesidades básicas, tales como alimentos, productos de aseo, cosméticos, medicamentos, dispositivos médicos y licores, entre otros, se han visto impactados en sus trámites de obtención de las autorizaciones ante el Invima, debido a la emergencia sanitaria que enfrentamos actualmente por cuenta de la pandemia, teniendo que adaptarse frente a las nuevas realidades del mercado y regulatorias”, explica Aristizábal.
Frente a esto, resalta que la entidad ha sido un actor importantísimo, ya que como medida de contingencia y en un corto tiempo, adaptó sus procesos de radicación e implementó una plataforma digital mediante la cual los usuarios pueden realizar sus radicaciones de forma virtual, haciendo que se minimice el impacto que pudiera generar el no poder hacer la radicación de sus trámites de la manera tradicional, es decir, mediante la entrega de los documentos directamente en sus instalaciones.
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